consagrados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 13, 16, 23 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) en relación con los artículos 1.1 y 2 del
mismo instrumento, así como de los artículos I a y b) y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (en adelante “la CIDFP”) en perjuicio de las personas que se indican a lo largo del presente
informe. La Comisión formuló las recomendaciones respectivas.
II.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

6.
La parte peticionaria alegó que Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero
Revolucionario y diputado nacional, desapareció el 17 de julio de 1980 tras el asalto armado perpetrado por
fuerzas militares y paramilitares a la sede de la Central Obrera Boliviana (en adelante “la COB”). Explicó que los
hechos ocurrieron mientras se llevaba a cabo una reunión del Comité de Defensa de la Democracia convocada
ante el inminente golpe de estado anunciado por las Fuerzas Armadas. Alegó que los dirigentes políticos y
sindicales presentes fueron sometidos durante dicho operativo tras anunciar que estaban desarmados y fueron
obligados a descender a la calle en fila y con las manos en la nuca. Sostuvo que tras ser reconocido dentro del
grupo el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, éste opuso resistencia y fue herido con disparos de arma
de fuego, ante lo cual la presunta víctima reaccionó intentando asistirlo, pero en ese momento también fue
“abatido por el disparo de una ráfaga”. Alegó que la presunta víctima y Marcelo Quiroga Santa Cruz fueron
trasladados al Estado Mayor del Ejército, en una de las ambulancias usadas para la toma de la COB, lugar donde
fueron vistos por última vez. Alegó que transcurridos más de 30 años, no se tiene conocimiento del paradero
del señor Flores Bedregal o de la ubicación de sus restos.
7.
La parte peticionaria presentó abundante información sobre los distintos reclamos
presentados por los familiares de la presunta víctima ante las instancias judiciales, Ministerio Público y los
Poderes Ejecutivo y Legislativo desde la ocurrencia de los hechos. Indicó que desde el mismo 17 de julio de
1980 se denunció la desaparición de la presunta víctima a nivel local e internacional, y luego ante la Comisión
Nacional del Desaparecido. Denunció que durante las primeras indagaciones, agentes estatales dieron
información falsa sobre el paradero de la presunta víctima lo que obstaculizó la investigación, y que los
familiares fueron presionados para aceptar restos mortales que no pertenecían al señor Flores Bedregal.
8.
La parte peticionaria se refirió al juicio de responsabilidades y condena por parte de la Corte
Suprema de Justicia en contra del presidente de facto tras el golpe militar, Luis García Meza y sus colaboradores.
Al respecto, adujo que los crímenes ocurridos en la toma de la COB no fueron debidamente esclarecidos en
dicho proceso y que la mayoría de los autores materiales de la desaparición forzada de la presunta víctima no
fueron vinculados a dicho juicio.
9.
También se refirió a la investigación adelantada por la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados (en adelante “la CDH”) a partir de 1997, y adujo que en no se tuvo como agraviado al
señor Flores Bedregal, sino solamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz, pese a que ambos habrían desaparecido
bajo las mismas circunstancias. Señaló que si bien el Ministerio Público abrió en 1999 una investigación penal
en contra de varias personas, a partir del informe emitido por la CDH y en el cual los familiares de la presunta
víctima pudieron actuar como parte civil; dicha investigación se habría adelantado con irregularidades y no se
habrían realizado imputaciones por los delitos de mayor gravedad.
10.
Señaló que el 12 de diciembre de 2007 se dictó sentencia condenatoria en contra de varios de
los imputados por distintos delitos, con la imposición de distintas penas y la absolución de otras seis personas.
Indicó que interpuso recursos de apelación y casación para impugnar dicha decisión, la cual fue ratificada.
Adujo que las penas fueron mínimas, pese a que se trataba de graves violaciones de derechos humanos. En
relación con el delito de desaparición forzada, alegó que dado que el mismo fue tipificado hasta el año 2006, las
autoridades judiciales subsumieron los hechos en conductas delictivas de menor gravedad.

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