RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 22 DE JUNIO DE 2016
FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS
CASO TRABAJADORES CESADOS DE PETROPERÚ, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y DE LA EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS VS. PERÚ
VISTO:
1.
El escrito de 13 de agosto de 2015 y sus anexos, mediante los cuales la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la
Comisión”) sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el presente caso1.
2.
El escrito de 10 de febrero de 2016, mediante el cual la señora Carolina Loayza Tamayo,
en representación de un grupo de presuntas víctimas en el presente caso, remitió su escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), ofreció
once declaraciones de presuntas víctimas y cinco peritajes, y solicitó acogerse al Fondo de
Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (en adelante “Fondo de Asistencia de la Corte” o
“Fondo”). Asimismo, los escritos de 2 y 22 de marzo de 2016, mediante los cuales la señora
Loayza remitió los anexos al escrito de solicitudes y argumentos y las aclaraciones a los mismos
según lo solicitado en la nota de Secretaría de 15 de marzo de 2016.
3.
El escrito de 13 de junio de 2016 y sus anexos, mediante los cuales la República del Perú
(en adelante “Perú” o “el Estado”) presentó la contestación al escrito de sometimiento de la
Comisión y las observaciones a los escritos de solicitudes y argumentos de los intervinientes
comunes (en adelante “el escrito de contestación”).
CONSIDERANDO QUE:
1.
El Perú es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante la “Convención Americana” o la “Convención”) desde el 28 de julio de 1978 y
reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
2.
De acuerdo con el Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de
Asistencia (en adelante el “Reglamento del Fondo de Asistencia de la Corte”), para que una
presunta víctima pueda acogerse al Fondo se deben cumplir tres requisitos: 1) solicitarlo en su
escrito de solicitudes y argumentos; 2) demostrar, mediante declaración jurada y otros medios
probatorios idóneos que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos económicos suficientes
para solventar los costos del litigio ante la Corte Interamericana, y 3) indicar con precisión qué
1

En el presente caso existen tres intervinientes comunes con participación autónoma: 1) la señora Carolina
Loayza Tamayo; 2) la señora Roxana Miriana Palomino Mayta, y 3) los señores Gregorio Paredes Chipana y Manuel
Eugenio Paiba Cossíos.

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