8 de marzo de 2016
Ref.:

Caso No. 12.923
Rocío San Miguel Sosa y otras
Venezuela

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso
12.923 – Rocío San Miguel Sosa y otras respecto de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el
Estado”, “el Estado venezolano” o “Venezuela”).
El caso se relaciona con el despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais
Coromoto Peña de sus respectivos cargos públicos en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004
tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente
Hugo Chávez Frías.
Este proceso político tuvo lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces
Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones contemporáneas o bien
en el momento de las firmas, o bien en el momento de la presentación de las mismas al Consejo Nacional
Electoral, cuyos contenidos reflejan claramente que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas
de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las
firmas y el despido tuvo que ver con la creación y publicación de la denominada “lista Tascón” que incluía a las
personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio. Dicha lista fue encargada por el propio
Presidente de la República a un Diputado con la finalidad de “que salgan los rostros” de lo que se denominó
como un supuesto “megafraude”. Asimismo, se convocó a un proceso de “reparos” de firmas que no se limitó a
corregir posibles usos fraudulentos de firmas e identidades, sino que incluyó un llamado general a que las
personas que firmaron válidamente se retractaran.
Además de todos estos elementos de contexto, la Comisión tomó nota de: i) las declaraciones de las tres
víctimas, en particular, la de Rocío San Miguel Sosa, quien hizo referencia y aportó la transcripción de una
conversación con el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras y con la consultora jurídica de la
Vicepresidencia de las cuales resulta evidente que la razón del despido fue la firma de la convocatoria a
referendo revocatorio; ii) el hecho de que de los 23 empleados del Consejo Nacional de Fronteras, las únicas
cuatro personas despedidas fueron las que firmaron la solicitud de referendo revocatorio; iii) las varias
referencias que el Estado no controvirtió que indican que de estas cuatro personas la única que pudo conservar
su empleo fue precisamente quien objetó su firma; iv) el hecho de que a las tres víctimas se les habían venido
renovando reiteradamente sus contratos por periodos de ocho, siete y cuatro años respectivamente; y v) la
información que indica que el caso de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, no
fue un caso aislado sino que se documentaron múltiples denuncias sobre despidos en el sector público como
represalia por haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica
Anexos

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