REF.: Caso Nº 13.044
Gustavo Petro Urrego
Colombia

7 de agosto de 2018

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el caso Nº 13.044 – Gustavo Petro Urrego respecto de la República de Colombia (en
adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”), relacionado con una serie de
violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con
la destitución de Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá, Colombia.
La Comisión determinó que el 9 de diciembre de 2013 el Procurador General de la Nación
impuso las sanciones de destitución e inhabilitación general por el término de quince años a la
víctima del caso. La Comisión concluyó que dichas sanciones violaron los derechos políticos del
señor Petro. Al respecto, recordó que conforme al artículo 23.2 de la Convención Americana, ambas
sanciones deben imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena en firme. La CIDH
consideró que la imposición de sanciones de este tipo por vía administrativa puede afectar el juego
democrático, porque es en principio al electorado al que le corresponde determinar la idoneidad de
los candidatos mediante el derecho al sufragio pasivo.
Por otra parte, la CIDH concluyó que en el marco del proceso se afectó la garantía de
imparcialidad en relación con el principio de presunción de inocencia porque la misma autoridad
que formuló los cargos disciplinarios fue la que decidió la responsabilidad disciplinaria de la
víctima, y ello implicó que la autoridad disciplinaria se formó previamente una idea sobre los
hechos y la manera en que estos encuadraban en las causales. Asimismo, la CIDH determinó que se
violó el derecho a recurrir el fallo tomando en cuenta que el recurso de reposición que interpuso la
víctima en contra de la decisión sancionatoria, en virtud de la ley, fue resuelto por la misma
autoridad que dictó la sanción.
Adicionalmente, la CIDH determinó que se violó la garantía del plazo razonable y la protección
judicial porque con posterioridad a la denegatoria del recurso de reposición, el 31 de marzo de
2014, la víctima presentó una demanda de nulidad y restablecimiento que a la fecha de aprobación
del informe de fondo, transcurridos más de 3 años y 6 meses, no había sido resuelto.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000,
San José, Costa Rica.

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