INFORME No. 33/16
CASO 12.797
INFORME DE FONDO
LINDA LOAIZA LÓPEZ SOTO Y FAMILIARES
VENEZUELA
29 de julio de 2016

I.

RESUMEN

1.
El 12 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Linda Loaiza
López Soto y Juan Bernardo Delgado (en adelante “los peticionarios”)1, en la cual se alegó la responsabilidad
internacional de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado”, “el Estado de Venezuela”, “el
Estado venezolano” o “Venezuela”).
2.
Los peticionarios alegaron que Linda Loaiza López fue secuestrada por Luis Carrera Almoina
en la ciudad de Caracas el 27 de marzo de 2001, quien la mantuvo privada de su libertad hasta el 19 de julio
del mismo año cuando ella logró pedir auxilio y fue rescatada por las autoridades locales. Sostuvieron que
durante esos meses Linda Loaiza López fue sometida a distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica
que le provocaron graves lesiones cuyas secuelas perduran en la actualidad. Indicaron que el Estado es
responsable por haber incumplido el deber de garantía frente a estos graves hechos, no obstante su hermana
intentó infructuosamente denunciar la desaparición. Alegaron que los graves hechos de violencia sexual
cometidos por un particular permanecen en impunidad y que tales actos deben ser considerados una forma
de tortura para establecer el alcance y contenido de las obligaciones que tenía el Estado para investigarlos y
sancionarlos. Señalaron que en virtud de lo anterior, el Estado violó diversos derechos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención)2,
así como las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (en adelante “la Convención de Belém do Pará”) y en la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST).
3.
El Estado de Venezuela sostuvo que no es responsable por violaciones a la Convención
Americana, la Convención de Belém do Pará ni la CIPST. A lo largo del procedimiento ante la Comisión,
presentó información detallada sobre las diligencias, investigación y los procesos judiciales a nivel interno.
Reiteró que los hechos fueron cometidos por un particular y no un agente del Estado, a quien se le impuso
una condena por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones personales gravísimas que
efectivamente cumplió. Señaló que todas las autoridades competentes actuaron para preservar los derechos
de Linda Loaiza López y garantizar un debido proceso a las partes en el juicio, y que la duración del proceso
atendió a la dinámica procesal de las partes y no una dilación que pueda ser imputable al Estado. Asimismo,
presentó información de carácter general sobre el marco normativo y políticas públicas en materia de
violencia contra la mujer.
4.
Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluyó que el Estado venezolano es
responsable por la violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5), a la libertad personal
(artículo 7), a la vida privada, dignidad y autonomía (artículo 11), a las garantías judiciales (artículo 8), a la
igualdad y no discriminación (artículo 24) y a la protección judicial (artículo 25), establecidos en la
1 Posteriormente, el 12 de mayo de 2011 y 20 de junio de 2014, la Comisión recibió acreditación del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC),
respectivamente, para actuar como copeticionarios en el caso
2 El Estado venezolano denunció la Convención Americana el 10 de septiembre de 2012. Los hechos del presente caso tuvieron
lugar antes del 10 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana. Como ha señalado la
CIDH, Venezuela, como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (en adelante “OEA”), sigue sujeto a las obligaciones
que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscritas por el Estado de
Venezuela en 1948. En vista de esto, la CIDH tendrá en cuenta, en lo que corresponda, la aplicación de la Declaración Americana en el
presente caso.

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