Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento, y el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos
del Hombre (en adelante la “Declaración Americana”). Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado
venezolano es responsable por la violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y de los artículos
1, 6 y 8 de la CIPST. En virtud de estas conclusiones, la Comisión efectuó las recomendaciones respectivas.
II.

TRÁMITE ANTE LA CIDH POSTERIOR AL INFORME DE ADMISIBILIDAD

5.
El 12 de noviembre de 2007 la Comisión recibió la petición inicial. El trámite hasta la
decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el Informe No. 154/10 de 1 de noviembre
de 20103. En dicho informe la CIDH declaró la petición admisible en cuanto a la posible violación de: i) los
derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2, 8.1, 11.1, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con
los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento; y ii) el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. El informe de
admisibilidad fue notificado a las partes el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2010, de conformidad con
el artículo 37.1) de su Reglamento entonces vigente. Asimismo, de conformidad con el artículo 48.1.f) de la
Convención y el artículo 37.4) de su Reglamento entonces vigente, la CIDH se puso a disposición de las partes
a fin de llegar a una solución amistosa en el asunto.
6.
Tras una prórroga y diversas reiteraciones de la Comisión, el 20 y 23 de junio de 2014 los
peticionarios presentaron sus observaciones adicionales sobre el fondo. La Comisión trasladó dicho escrito y
sus anexos al Estado para que presentara sus observaciones dentro del plazo reglamentario de cuatro meses.
El 22 de octubre de 2014 el Estado presentó sus observaciones adicionales sobre el fondo. El 4 de diciembre
de 2014, los peticionarios presentaron observaciones adicionales, las cuales fueron trasladadas al Estado
7.
El 17 de marzo de 2015 la Comisión celebró una audiencia pública sobre el fondo del caso
durante la cual recibió el testimonio de Linda Loaiza López Soto y los alegatos de las partes. Los gastos de
participación de la señora López en la audiencia estuvieron cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conforme al Reglamento de la CIDH para uso del mismo.
8.
El 1 de mayo de 2015 los peticionarios presentaron un escrito adicional de observaciones el
cual fue trasladado al Estado de Venezuela.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Los peticionarios

9.
Los peticionarios alegaron que Linda Loaiza López Soto fue secuestrada por Luis Carrera
Almoina en la ciudad de Caracas el 27 de marzo de 2001, quien la mantuvo privada de su libertad hasta el 19
de julio del mismo año cuando ella logró pedir auxilio y fue rescatada por las autoridades locales. Sostuvieron
que durante el secuestro, Linda Loaiza López fue gravemente abusada y torturada por su agresor, quien la
sometió a distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica que le provocaron graves lesiones cuyas
secuelas perduran en la actualidad.
10.
Indicaron que en la madrugada del día siguiente al secuestro de Linda Loaiza López, el 28 de
marzo de 2001, su hermana Ana Cecilia López recibió una llamada donde una voz desconocida le dijo que
“Linda no iba a regresar a la casa”, y que al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un
mensaje grabado que decía que pertenecía a Luis Carrera Almoina. Indicaron que con esta información y al no
tener conocimiento del paradero de su hermana, Ana Secilia López acudió a interponer una denuncia a la
policía, pero que los funcionarios no quisieron recibirla porque decían que se trataba de un “problema de
pareja” y que había que esperar. Sostuvieron que Ana Secilia López intentó interponer la denuncia en al

3 CIDH, Informe No. 154/10, Petición 1462-07, Admisibilidad, Linda Loaiza López Soto y familiares, Venezuela, 1 de noviembre
de 2010, párrs. 6 y 7.

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