7.
Con posterioridad, los peticionarios alegaron como hecho superviniente la violación del
derecho a la vida de la presunta víctima derivado de su supuesta ejecución extrajudicial, ocurrida el 8 de
diciembre de 2006. En virtud de lo anterior, el 8 de diciembre de 2016 la CIDH concedió un plazo adicional de
cuatro meses al Estado para que presentara sus observaciones sobre la admisibilidad y fondo de dicho
reclamo. El 10 de abril de 2017 el Estado presentó sus observaciones adicionales al respecto.
8.
En el presente caso la Comisión se puso a disposición de las respectivas partes para iniciar el
procedimiento de solución amistosa, sin que ambas partes manifestaran interés en el mismo.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

9.
Los peticionarios relataron que la presunta víctima fue detenida, torturada y luego sometida a
proceso penal por el asesinato de una fiscal del Ministerio Público. Indicaron que la presunta víctima fue
condenada a muerte por medio de sentencia de 21 de octubre de 1999 por el Tribunal de Sentencia del
Departamento de Quetzaltenango. Refirieron que el 22 de octubre de 2005 la presunta víctima se fugó de la
cárcel “El infiernito” y fue ejecutada extrajudicialmente por agentes del estado en el marco del operativo
conocido como “Plan Gavilán”.
10. El detalle sobre los hechos y procesos judiciales del caso será referido en el análisis fáctico de la
Comisión, sobre la base de la información aportada por ambas partes. En esta sección se efectúa un resumen
de los principales alegatos de derecho planteados por los peticionarios.
11. Los peticionarios indicaron que el Estado violó el derecho a la libertad personal porque la
presunta víctima fue detenida sin orden de juez competente, sin encontrarse en flagrancia, y adicionalmente
que se le negó su derecho de contar con un abogado defensor en su detención y se le realizó un “interrogatorio
extrajudicial”.
12. Argumentaron también la violación del derecho a la integridad personal y prohibición de
tortura, porque la presunta víctima fue torturada en diversas ocasiones, concretamente: a. al momento de la
detención fue asfixiado 7 veces con un veneno para ratas y víctima de violación sexual para extraerle una
confesión, b. el 10 de abril de 1999 por fuerzas de seguridad luego de ser recapturado tras fugarse; c. el 17 de
junio de 2001 en la Comisaría de Escuintla luego fugarse por segunda vez; d. el 18 de junio de 2001 en el
Centro de Detención Preventiva para hombres de la zona 18. Agregaron que el Estado no ha realizado una
investigación seria sobre estos hechos ni sobre la muerte de la presunta víctima. Señalaron que se ha negado a
los familiares el derecho de apersonarse dentro del proceso y obtener una reparación.
13. Refirieron que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial
porque su condena a la pena de muerte se basó en prueba obtenida bajo tortura y existieron otras anomalías
en el proceso.
14. Sostuvieron que se violó el derecho a la vida de la presunta víctima porque fue ejecutada
extrajudicialmente.
15. Finalmente, alegaron la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los
familiares de la presunta víctima, porque han sido objeto de hostigamientos en su búsqueda por justicia y
algunos han tenido que abandonar el país u ocultarse en virtud de amenazas en su contra para no comparecer
dentro de la investigación por la muerte de la presunta víctima.

B.

Posición del Estado

2

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