-2la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”).

(en

adelante

también

“la

Corte

2.
La Comisión ofreció dos peritos, quienes rendirán un peritaje conjunto, para los casos
Girón Castillo y otro, Martínez Coronado y Ruiz Fuentes, el cual también fue ofrecido por los
representantes. Además, los representantes propusieron cuatro declarantes. En lo que
respecta al Estado, como se indicó (supra Visto 2), en el ofrecimiento de la prueba testimonial
y pericial no identificó a los declarantes en el momento procesal oportuno, por lo que esta
Presidencia considera inadmisible las dos declaraciones testimoniales y el dictamen pericial
ofrecidos por el Estado, de conformidad con el artículo 41.1.c) del Reglamento.
3.
La Corte garantizó a las partes y a la Comisión el derecho de defensa respecto de los
ofrecimientos probatorios oportunamente realizados. Tanto la Comisión como los
representantes no presentaron observaciones respecto de los ofrecimientos probatorios. Por
su parte, el Estado objetó la admisión de las declaraciones de Manuela Girón, Rony Disrael
Martínez Girón, Irma Yojana Martínez Girón y Marleny Girón, ofrecidos como declarantes por
los representantes, así como el peritaje conjunto de Parvais Jabbar y Edward Fitzgerald,
peritos ofrecidos por la Comisión y los representantes.
4.
A continuación, el Presidente analizará en forma particular: a) necesidad de convocar
a audiencia pública en el presente caso; b) admisibilidad de los declarantes ofrecidos por los
representantes; c) admisibilidad del peritaje conjunto ofrecido por la Comisión y los
representantes, y d) aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte.
A. Necesidad de convocar a audiencia pública en el presente caso
5.
El Presidente de la Corte recuerda que el artículo 15 del Reglamento de este Tribunal
(en adelante también “el Reglamento”) señala que “la Corte celebrará audiencias cuando lo
estime pertinente”. Así, los artículos 45 y 50.1 del Reglamento facultan a la Corte o su
Presidencia a convocar a audiencias cuando lo estimen necesario. A la luz de estos elementos,
la Corte o su Presidente determinarán la pertinencia y necesidad de convocar a audiencia
pública.
6.
El Presidente toma nota de la situación del presente caso, dado que la presunta víctima
se encuentra fallecida, ya que el 10 de febrero de 1998 al señor Manuel Martínez Coronado
(en adelante también “señor Martínez”) le fue aplicada la pena de muerte. Por otro lado,
existe una ausencia de controversia fáctica, ya que los hechos no son controvertidos por el
Estado, sino que la discusión jurídica gira en torno a la responsabilidad internacional de
Guatemala.
7.
La Comisión, junto con los representantes propusieron un peritaje sobre estándares
internacionales sobre la pena de muerte y aspectos de debido proceso penal, que podrían
recabarse por escrito ya que dichas temáticas ya han sido analizadas por la Corte.
Adicionalmente, los representantes propusieron cuatro declarantes, familiares de la presunta
víctima, para declarar principalmente sobre los hechos del caso, los cuales como se indicó
previamente, no son controvertidos. El Estado no propuso prueba testimonial ni pericial. De
acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 50.1 del Reglamento,
el objeto de las declaraciones ofrecidas, así como el principio de economía procesal, el
Presidente estima conveniente recibir, por medio de declaración rendida ante fedatario público
(afidávit), la prueba de los declarantes y la prueba pericial ofrecidos por los representantes y
la Comisión.

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