CONSIDERANDO QUE:
1.
Las decisiones del Presidente, que no sean de mero trámite, son recurribles ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”, en los
términos del artículo 31.2 del Reglamento de este Tribunal (en adelante “el Reglamento”).
2.
La Corte tiene amplias facultades en cuanto a la admisión y a la modalidad de recepción
de la prueba, de conformidad con los artículos 50, 57 y 58 del Reglamento.
3.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron, entre otros,
la declaración pericial de Eduardo Aguirre, sobre: i) estándares y obligaciones internacionales
relevantes acerca de los derechos de las personas privadas de libertad; en particular respecto
del alcance y contenido del derecho a recibir visitas familiares o del núcleo afectivo más
cercano, a ser tratado con humanidad, a que la pena cumpla el fin de readaptación social del
condenado y a que su pena no trascienda a terceras personas no condenadas; ii) incidencia
de los traslados en el respeto de tales derechos de las personas privadas de libertad y la
manera en que los traslados de esas personas pueden incidir o implicar una negación o
restricción de ellos; en particular, acerca del alcance y contenido del derecho a recibir visitas
familiares o del núcleo afectivo más cercano, a ser tratado con humanidad, a que la pena
cumpla el fin de readaptación social del condenado y a que su pena no trascienda a terceras
personas no condenadas; iii) relevancia del lugar de ubicación de los institutos carcelarios en
los que se cumplen las penas privativas de libertad en relación al lugar del asiento de sus
defensores técnicos y de los jueces de ejecución de sus penas; iv) incidencia de los traslados
en el ejercicio del derecho de defensa en juicio por parte de la defensa técnica y en el control
judicial de la ejecución de la pena carcelaria; v) obligaciones estatales para asegurar que la
facultad de trasladar a personas privadas de libertad no implique una restricción adicional y
desproporcionada de tales derechos; vi) situación de las cárceles federales de Argentina; vii)
política y dinámica de los traslados de presos; viii) actuación (u omisión) judicial ante ellos;
ix) realidad carcelaria argentina vinculada con los traslados de presos a jurisdicciones
territoriales diferentes o lejanas al lugar de residencia de sus familiares, defensores técnicos
y jueces con competencia en materia de ejecución de sus penas. En su lista definitiva de
declarantes confirmaron dicho ofrecimiento.
4.
En la Resolución de Presidente de 14 de febrero de 2019 se resolvió, entre otras cosas,
inadmitir el ofrecimiento de la declaración pericial del señor Eduardo Aguirre, Defensor
General de la Provincia de La Pampa, en razón de que éste remitió un escrito de amicus curiae
durante el trámite del presente caso ante la Comisión Interamericana el 27 de julio de 2012;
y asimismo, porque el objeto de su declaración pericial era idéntico al del peritaje a ser
rendido por la señora Marta Monclus.
Solicitud de recepción de la declaración de Eduardo Aguirre como testigo y no como
perito
5.
El 18 de febrero de 2019 los representantes presentaron una solicitud de
reconsideración respecto de la inadmisión de la declaración pericial del señor Eduardo Aguirre,
fundamentando su solicitud con base en lo siguiente: i) Es correcto que Eduardo Aguirre no
puede ser perito, por haber firmado un escrito de amicus curiae en el presente caso, sin
embargo, ello no lo inhabilita como testigo, por lo que se pide se le reciba declaración
testimonial en la audiencia aunque no como perito; ii) Se debe tomar en cuenta el carácter
general y estructural de la práctica de traslados ilegítimos que se sigue llevando a cabo en la
República Argentina y que Eduardo Aguirre, en su condición de Defensor General de la
Provincia de La Pampa, tiene amplios conocimientos de la política argentina en materia de
traslados y sobre todo de la realidad actual, y iii) Se debe tomar en cuenta que Eduardo
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