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5.
En cuanto a las declaraciones de presuntas víctimas, así como las declaraciones
testimoniales y periciales ofrecidas por los representantes y el Estado que no han sido
objetadas y cumplen los requisitos reglamentarios para su admisibilidad, esta Presidencia
considera conveniente recabarlas. Por ello, admite las declaraciones de las presuntas
víctimas Fabiola Álvarez Solano, Héctor Manuel Álvarez Solano, Noel Emiro Omeara Miraval
y Manuel Guillermo Omeara Álvarez, propuestas por los representantes; la declaración
pericial de Santiago Camargo, propuesta por los representantes; las declaraciones
testimoniales de Diego Fernando Rosas Carreño, Iván Augusto Gómez Celis y Claudia
Viviana Ferro Buitrago, propuestas por el Estado, y la declaración pericial de Héctor Eduardo
Patiño Domínguez, propuesta por el Estado. El objeto de las declaraciones referidas y la
modalidad en que serán recibidas se determinarán en la parte resolutiva de esta decisión
(infra puntos resolutivos 1 y 5).
6.
A continuación el Presidente examinará en forma particular: a) la admisibilidad de la
prueba pericial ofrecida por la Comisión; b) la solicitud de los representantes de sustitución
de una persona propuesta como perita; c) la solicitud de la Comisión para formular
preguntas en relación con una declaración pericial ofrecida por los representantes; d) las
observaciones realizadas por el Estado a las declaraciones de las presuntas víctimas
ofrecidas por los representantes, y e) las observaciones efectuadas por el Estado a algunos
peritos ofrecidos por los representantes.
A. Prueba Pericial ofrecida por la Comisión Interamericana
7.
La Comisión ofreció el dictamen pericial de Alejandro Valencia Villa, para que declare
sobre “la responsabilidad internacional del Estado derivada de acciones de actores no
estatales en supuestos de aquiescencia y colaboración de agentes estatales. Señaló que en
particular, analizaría dicha responsabilidad cuando confluye, además de la aquiescencia y
colaboración, un incumplimiento del deber de garantía, incluyendo el deber de protección
frente a amenazas en contra de un grupo determinado. También analizaría el componente
de investigación del deber de garantía y las implicaciones concretas del deber de investigar
con debida diligencia frente a hechos interrelacionados en distintos niveles, como los que
ocurrieron en el presente caso”. El análisis de los anteriores aspectos estaría permeado por
el contexto general de conflicto armado interno en que tuvieron lugar los hechos.
8.
La Comisión consideró que el peritaje ofrecido se refiere a temas de orden público
interamericano, toda vez que, según expresó, el caso permitiría a la Corte profundizar su
jurisprudencia sobre la responsabilidad internacional del Estado frente a diversos supuestos
de colaboración y aquiescencia entre agentes estatales y ciertos actores no estatales.
Además, según la Comisión, la Corte podría analizar la existencia de un contexto en una
zona determinada de aquiescencia y colaboración y los parámetros de debida diligencia que
deben ser observados en un caso con dichas particularidades.
9.
El Estado presentó observaciones al peritaje ofrecido por la Comisión
Interamericana, en las cuales manifestó que la Comisión no cumplió con los requisitos
reglamentarios, omitiendo justificar la pertinencia de la prueba en cuestión a la luz del
orden público interamericano. A su vez, el Estado entendió que el objeto del peritaje hace
referencia a asuntos que no resultan de relevancia para el orden público interamericano, por
lo que hace al conflicto armado interno, toda vez que la Corte se ha referido a este contexto
previamente. Colombia indicó también que el objeto del peritaje plantea asuntos que
exceden el objeto de litigio, tal como la alusión al incumplimiento del deber de garantía en
lo que respecta a la protección frente a amenazas en contra de un grupo determinado.

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