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Posición del peticionario

12. Según el relato del peticionario, Sebastián Furlan tenía 14 años de edad cuando concurrió con
su hermanito y otros niños a jugar en una instalación militar abandonada en su barrio, en
Ciudadela. Sebastián estaba colgado de un travesaño antes utilizado para una pista de obstáculos
y el travesaño se desplomó sobre su cabeza, con una fuerza de 45 a 55 kilogramos. A causa del
accidente quedó inconsciente, perdió sangre y sufrió fractura de cráneo.
13. El peticionario informa que Sebastián fue llevado al hospital y sometido a una operación
quirúrgica en el cerebro. Permaneció alrededor 20 días en coma. Cuando fue dado de alta, un mes
después del accidente, tenía dificultades para hablar y mover los miembros. Su padre afirma que
quedó con daños cognitivos, psicológicos y físicos irreversibles. Señala, por ejemplo, que su hijo
pasó de ser un muchacho adepto a los deportes, a ser una persona que tuvo que dedicar meses
de esfuerzos en volver a aprender a caminar. En la petición se sostiene que los daños cognitivos
sufridos hacen que Sebastián opere al nivel de un adolescente y sus discapacidades le impiden
estudiar eficazmente o mantener un empleo regular.
14. El peticionario sostiene que debido a la magnitud de los daños experimentados por Sebastián
y a su necesidad de tratamiento y cuidados, promovió procedimientos judiciales en nombre de su
hijo ante el Juzgado No. 9, Secretaría No. 28, en procura de indemnización por las secuelas del
accidente. Esas actuaciones, caratuladas "Furlan, Sebastián c. Estado Nacional s/daños y
perjuicios" se resolvieron en primera instancia por el Juzgado No. 9, en una decisión de 7 de
septiembre de 2000.
15. En la sentencia, copia de la cual se adjuntó a la petición, se concluye que el Estado incurrió en
responsabilidad por haber creado una situación de riesgo. No fue objeto de controversia que el
predio era de propiedad del Estado (las Fuerzas Armadas), estaba abandonado desde hacía años y
era un lugar abierto y sin cercas. El juzgado concluyó que a él concurrían habitualmente niños
para jugar y practicar deportes, y que los vecinos del lugar lo consideraban un espacio público. En
la sentencia se señala que el Estado no cuestionó los hechos del accidente, pero sostuvo que
Sebastián Furlan y sus padres habían incurrido en responsabilidad por haber ingresado en el
predio.
16. En su sentencia, el juzgado rechazó los argumentos del Estado en el sentido de que los padres
de Sebastián hubieran incurrido en responsabilidad, pero concluyó que el propio Sebastián Furlan,
de 14 años de edad, compartía en un 30% la responsabilidad del el accidente. El tribunal valoró
los daños en 130.000 pesos y condenó al Estado a pagar, a favor de Sebastián, el 70% de
responsabilidad en que había incurrido. (En otros términos, 130.000 pesos, menos el 30%
correspondiente a la responsabilidad de la víctima). Ambas partes apelaron la sentencia de
primera instancia, que fue confirmada en todos sus aspectos principales por la Sala Civil y
Comercial No. 1 de la Cámara de Apelaciones Nacional en lo Civil y Comercial Federal, por
sentencia fechada el 23 de noviembre de 2000.
17. El peticionario señala que el juez que tuvo a su cargo el caso en primera instancia durante
casi diez años, y que conocía las actuaciones, fue sustituido poco antes de que el asunto fuera
resuelto por un juez de otro tribunal, quien decidió el asunto sin conocerlo plenamente. A juicio
del peticionario, el tribunal de segunda instancia no dedicó el tiempo suficiente al asunto ni
analizó debidamente el caso.
18. A la fecha en que se presentó la petición, el peticionario aún no había podido cobrar la
indemnización. En marzo de 2003 informó que finalmente se había ejecutado la sentencia, cuyo
monto total, con intereses, fue de 165.803 pesos. Si bien el peso se cotizaba a la par con el dólar
en 2000, cuando se dictaron las sentencias, la moneda nacional se devaluó tras la crisis
económica de fines de 2001, lo que según el peticionario hizo que la cantidad adjudicada por

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