4 de septiembre de 2018
REF.: Caso Nº 12.924
Julio César Ramón del Valle y Carlos Eduardo Domínguez Linares
Argentina
Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos
el Caso Nº 12.924 – Julio César Ramón Del Valle y Carlos Eduardo Domínguez Linares respecto de la
República de Argentina (en adelante “el Estado”, “el Estado argentino” o “Argentina”).
En diciembre de 1997 la Cámara Novena del Crimen de Córdoba resolvió declarar a los
señores Del Valle Ambrosio y Domínguez Linares cómplices del delito de defraudación e imponerle
a cada uno la pena de tres años y seis meses de prisión. Sus abogados defensores interpusieron
recursos de casación los cuales fueron declarados inadmisibles, sin que se hiciera un análisis del
fondo. La Comisión consideró que la decisión de los recursos se enmarcó en una práctica judicial de
interpretación restrictiva y que, tomando en cuenta que se trataba del único recurso contra la
condena de primera instancia, los señores Del Valle Ambrosio y Domínguez Linares no contaron con
una revisión integral ante autoridad jerárquica, incluyendo las cuestiones de hecho y de valoración
probatoria alegadas por la defensa mediante los referidos recursos. La Comisión advirtió que los
recursos extraordinarios interpuestos también fueron declarados inadmisibles. La Comisión
concluyó que el Estado argentino violó en perjuicio de ambas víctimas el derecho a recurrir del fallo
establecido en el artículo 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la
Comisión concluyó que, como consecuencia del carácter limitado del recurso de casación y, aún más
limitado, del recurso extraordinario, las víctimas no contaron con recursos judiciales sencillos y
efectivos en el marco del proceso penal que culminó con su condena, en violación también del
derecho establecido en el artículo 25.1 de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas
en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
El Estado argentino ratificó la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984.
La CIDH ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario Ejecutivo
Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Piero Vásquez Agüero, abogada
y abogado de la Secretaría Ejecutiva, actuarán como asesora y asesor legales.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000,San José, Costa Rica

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