De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del Informe de Fondo Nº 97/17 elaborado en observancia del artículo 50 de la
Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice
I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 97/17 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 4 de octubre de 2017, otorgándole dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión Interamericana
otorgó tres prórrogas al Estado argentino, a fin de que informara sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. Respecto de la recomendación número uno, el Estado informó que las víctimas
cumplieron sus condenas y que operó la caducidad de sus registros. La parte peticionaria no objetó
la información aportada por el Estado. Sin embargo, respecto de la recomendación número dos, el
Estado se limitó a indicar que se encontraba explorando la posibilidad de constituir un “tribunal ad
hoc” a fin de que determine el monto de las reparaciones. El Estado no aportó información concreta
sobre la constitución de dicho tribunal, incluyendo las determinaciones respectivas. Tampoco aportó
una propuesta de reparación a las víctimas, por lo que la segunda recomendación se encuentra
incumplida. En cuanto a la recomendación número tres, el Estado informó que desde 2005, el
Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, a través de la Sala Penal, ha seguido un criterio amplio
con relación a las condiciones de admisibilidad el recurso de casación. Sin embargo, respecto de la
reforma legislativa recomendada, se limitó a señalar que desde diciembre de 2016 se estableció una
Comisión de Reforma Procesal en la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo principal es elaborar “una
reforma integral por cuanto resulta necesario adecuar la legislación vigente en la materia a los
nuevos paradigmas en materia de funcionamiento de los sistemas judiciales. Destacó que dicha
comisión se encuentra en funcionamiento y uno de sus ejes de estudio es el sistema recursivo.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la
Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el
Informe de Fondo Nº 97/17, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctima
en el caso particular, ante el incumplimiento de las recomendaciones pasados 11 meses desde la
notificación del referido Informe.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de
Argentina es responsable por la violación de los derechos a recurrir el fallo y a la protección judicial
consagrados en los artículos 8.2 h) y 25.1 de la Convención Americana en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio César
Ramón Del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo Domínguez Linares.
La Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de
reparación:
1. Reparar integralmente las violaciones declaradas en el informe, incluyendo el daño
material e inmaterial.
2. Disponer las medidas legislativas necesarias para adecuar la legislación interna relativa al
recurso de casación a los estándares establecidos en el informe sobre el derecho consagrado en el
artículo 8.2 h) de la Convención Americana. Asimismo, y de manera independiente a la adecuación
normativa, asegurar que las autoridades judiciales ejerzan un control de convencionalidad al momento
de resolver los recursos contra sentencias condenatorias, de forma consistente con los estándares
establecidos en el informe.

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