Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso
permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre debido proceso penal y, particularmente,
sobre el derecho a recurrir el fallo condenatorio. La legislación procesal penal en Argentina de varias
provincias consagra como único recurso contra una sentencia condenatoria de primera instancia, al
recurso de casación, cuyas causales se encuentran limitadas a errores de derecho, tanto en lo procesal
como en lo sustantivo. En ese sentido, la CIDH ha requerido una adecuación normativa al Estado
argentino, que continúa sin implementar a la fecha. Tomando en cuenta que la legislación en
Argentina continúa siendo incompatible con los estándares interamericanos sobre el artículo 8.2 h)
de la Convención, el presente caso trasciende a la víctima, siendo ese componente del caso una
cuestión de orden público interamericano.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público
interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la
Comisión se permite solicitar el traslado de los peritajes rendidos por Alberto Bovino en los casos
Mendoza y otros vs. Argentina; y Amhrein y otros vs. Costa Rica.
La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quien actuó
como parte peticionaria a lo largo del trámite del caso:
XXXXXXXXX
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

Elizabeth Abi-Mershed
Secretaria Ejecutiva Adjunta

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