18 de abril de 2019
REF.:

Caso Nº 12.906
José Delfín Acosta Martínez y familiares
Argentina

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el caso 12.906 – José Delfín Acosta Martínez y familiares, respecto de la República Argentina (en
adelante “el Estado”, “el Estado argentino” o “Argentina”).
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la detención y
posterior muerte del señor José Delfín Acosta, ocurridas el 5 de abril de 1996. El señor Acosta era
afrodescendiente y de nacionalidad uruguaya. La CIDH advirtió que la detención no se produjo como
consecuencia de un mandato escrito de autoridad competente, sino con base en una supuesta denuncia
anónima y, según el Estado, específicamente con base en un “edicto de ebriedad”. La Comisión destacó la
ausencia de razones objetivas para justificar la detención aún después de confirmar que la presunta víctima
no portaba armas y constatar que “no poseía impedimento restrictivo de libertad”. Subrayó que las normas
que facultan a la policía a privar de libertad a una persona con base en sospechas y por razones de seguridad
ciudadana, si no están revestidas de las debidas salvaguardas para asegurar su objetividad, terminan siendo
utilizadas arbitrariamente y con base en prejuicios y estereotipos respecto de ciertos grupos que coinciden
con aquellos históricamente discriminados, como lo son las personas afrodescendientes. Con base en lo
anterior, la Comisión determinó que la detención fue ilegal, arbitraria y discriminatoria.
La Comisión consideró que a la luz de los estándares interamericanos, toda vez que la muerte del
señor Acosta ocurrió bajo custodia del Estado, tanto las lesiones como la muerte deben presumirse de su
responsabilidad. Al respecto, la Comisión observó que las investigaciones penales no ofrecieron un
esclarecimiento judicial definitivo de lo sucedido que pueda considerarse una explicación satisfactoria de la
muerte del señor Acosta en custodia. La CIDH determinó que aún si el señor Acosta hubiera estado con el
nivel de intoxicación indicado por el Estado, sus autoridades no le prestaron el auxilio inmediato que hubiera
requerido al momento de la detención, ni actuaron de manera de salvaguardar su integridad física y su vida,
a pesar de su posición especial de garante de las personas detenidas.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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