15 de marzo de 2017
Ref.:

Caso 11.388
María Eugenia Villaseñor y otros
Guatemala

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) con el objeto de
someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte
Interamericana” o “la Corte”), el caso 11.388 – María Eugenia Villaseñor y otros respecto de la
República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”).
El caso se relaciona con una secuencia prolongada de amenazas, agresiones, hostigamientos e
intimidación sufridas por María Eugenia Villaseñor en su calidad de jueza en Guatemala. La víctima
participó en múltiples procesos judiciales entre los años 1991 y 2012, algunos de los cuales tuvieron
impacto a nivel nacional e internacional. Uno de los casos conocidos por la señora Villaseñor fue el
caso de Myrna Mack Chang, decidido por la Corte Interamericana. A lo largo de los años mencionados,
la señora Villaseñor denunció a través de diversos medios que fue víctima de: i) allanamientos en su
domicilio; ii) amenazas de muerte por vía telefónica, mensajes de texto o incluso de personas no
identificadas fuera de su domicilio; iii) intento de secuestro a su hija, secuestro a uno de los agentes
policiales que resguardaba su domicilio, golpiza a su hermana y fallecimiento de su sobrina producto
de una envestida de un automóvil; iv) robos de información personal; v) intentos de ingreso a su
vehículo, destrucción de llantas y cable telefónico; y vi) declaraciones y comunicaciones de personas
no identificadas denigrando sobre su labor de jueza. La Comisión determinó que lo anterior tuvo
lugar en un contexto de inseguridad de jueces y juezas en Guatemala, en particular relacionados con
el conocimiento de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales.
Las denuncias y la información en conocimiento del Estado sobre la situación de la señora
Villaseñor, no fueron investigadas debidamente con la finalidad de identificar las fuentes de riesgo,
contribuir a erradicarlas, individualizar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes.
La Comisión consideró que esta situación se vio agravada tomando en cuenta la participación de la
señora Villaseñor como jueza, en el ejercicio de una función pública, en distintos procesos
relacionados con violaciones de derechos humanos o delitos patrimoniales supuestamente cometidos
por agentes estatales, incluyendo agentes militares y policiales. A pesar de lo anterior, la situación de
impunidad de todos los hechos denunciados es total.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica

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