REF.: Caso Nº 11.639
Alejandro Yovany Gómez Virula y familia
Guatemala

17 de noviembre de 2017

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 11.639 – Alejandro Yovany Gómez Virula y
familia respecto de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado de Guatemala”,
“el Estado guatemalteco” o “Guatemala”), relacionado con la desaparición y posterior asesinato de
Alejandro Yovany Gómez Virula en marzo de 1995. La Comisión concluyó que el Estado
guatemalteco es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y
libertad personal del señor Gómez debido a que no adoptó ninguna medida de búsqueda al tomar
conocimiento de la desaparición de la víctima. La CIDH consideró que, hasta el momento del
hallazgo del cadáver del señor Gómez, era exigible para el Estado la adopción de medidas
inmediatas y diligentes de búsqueda y protección de la víctima, lo cual no ocurrió. Asimismo, la
Comisión consideró que el Estado violó el derecho a la libertad de asociación del señor Gómez en
tanto, a pesar de existir indicios significativos de que la desaparición y asesinato del señor Gómez
Virula pudo haber estado vinculado a sus actividades como dirigente sindical, Guatemala no realizó
ningún tipo de investigación al respecto.
Adicionalmente, la CIDH consideró que desde las etapas preliminares de la investigación
iniciada por la muerte del señor Gómez, el Estado incumplió su obligación de investigar con la
debida diligencia. La Comisión evidenció que la falta de impulso y diligencia por parte de las
autoridades resultó especialmente grave debido a la prácticamente nula actividad investigativa. La
Comisión también concluyó que, tomando en cuenta la información ambigua sobre si la
investigación fue formalmente archivada, los más de 21 años que han transcurrido desde la
interposición de la denuncia por la desaparición y posterior muerte del señor Gómez hasta la fecha
constituye un plazo excesivo que no ha sido justificado por el Estado. Finalmente, la CIDH concluyó
que el Estado violó el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares del señor Gómez.
El Estado guatemalteco ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de
mayo de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 9 de marzo de
1987.
La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario
Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva
Adjunta, Silvia Serrano Guzmán, Selene Soto Rodríguez y Erick Acuña Pereda, abogadas y abogado
de la Secretaría Ejecutiva, actuarán como asesoras y asesor legales.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

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