Ref.:

Casos No. 12.335, 12.336, 12.757 y 12.711
Gustavo Giraldo Villamizar Duran y otros
Colombia

14 de abril de 2016

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos, los casos 12.335, 12.336, 12.757 y 12.711 – Gustavo Giraldo Villamizar Durán y
otros respecto de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o
“Colombia”).
El caso se relaciona con las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, el
11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21
de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez
Jorge, el 4 de septiembre de 1995. La Comisión estableció que todas estas muertes ocurrieron de
manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como “falsos
positivos”, consistente en ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado, con un modus
operandi caracterizado por la muerte de civiles durante operativos, posteriormente presentados al
público como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos
mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que ocurrieron los hechos. Además de la determinación de la privación arbitraria del derecho a la
vida, en los casos de Gustavo Giraldo Villamizar Duran y de Elio Gelves Carrillo, la Comisión también
encontró una violación del derecho a la honra y la dignidad debido a que fueron presentados como
miembros de grupos armados ilegales. Asimismo, en los casos de Elio Gelves Carrillo, Carlos Artuvo
Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, la
CIDH determinó que debido a que su muerte estuvo precedida de una privación de libertad en la cual
pudieron prever su destino fatal, estas personas también fueron víctima de afectación a sus derechos
a la integridad y libertad personales.
La Comisión concluyó que en todos los casos existieron múltiples factores de impunidad que
incluyeron: i) el conocimiento de los hechos por la justicia militar; ii) el incumplimiento del deber de
investigar con debida diligencia; y iii) el incumplimiento de la garantía de plazo razonable.
Específicamente en los casos de Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro
Ramírez Jorge, la Comisión concluyó que el Estado también incumplió su deber de investigar con
debida diligencia las posibles torturas que sufrieron previo a su muerte.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica
Anexos

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