INFORME No. 129/17
CASO 12.315
FONDO
CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ PRIETO Y CARLOS ALEJANDRO TUMBEIRO
FONDO
ARGENTINA
25 DE OCTUBRE DE 2017

I.

RESUMEN

1.
El 30 de julio de 1999 y 31 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió dos peticiones en las
cuales se alegó la responsabilidad internacional de la República de Argentina (en adelante “el Estado”, “el
Estado de Argentina”, “el Estado argentino” o “Argentina”) por las alegadas detenciones ilegales y arbitrarias
en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro en mayo de 1992 y enero de 1998,
respectivamente, por parte de agentes de la Policía de Buenos Aires. La Defensoría General de la Nación, como
parte peticionaria, indicó que las detenciones no tuvieron una orden judicial ni se efectuaron bajo flagrancia
sino que se basaron exclusivamente en presuntas actitudes sospechosas de las presuntas víctimas.
2.
El Estado alegó que no es responsable internacionalmente en tanto las detenciones fueron
legales y acordes con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “ la Convención
Americana” o “la Convención”). El Estado sostuvo que la decisión de los agentes policiales de interceptar los
vehículos donde se encontraban los señores Fernández y Tumbeiro se debió a su “actitud sospechosa”. Indicó
que el arresto y posterior inicio de procesos penales en contra de las presuntas víctimas se debió a que se
incautaron drogas y armas en sus vehículos. Agregó que los procesos penales y las consecuentes condenas se
realizaron respetando las garantías del debido proceso.
3.
Tras analizar la información disponible, la Comisión concluyó que el Estado argentino es
responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial,
establecidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 11.2 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Alberto
Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4.
El trámite de las dos peticiones - las cuales se acumularon por versar sobre hechos similares hasta la emisión del informe de admisibilidad se encuentra descrito en el Informe No. 5/12 de 19 de marzo de
20121. El 11 de abril de 2012 la Comisión notificó a las partes dicho informe y se puso a su disposición a fin de
llegar a una solución amistosa. El 24 de julio de 2012 la parte peticionaria presentó sus observaciones sobre el
fondo. El 8 de agosto de 2012 la CIDH trasladó dichas observaciones al Estado y le otorgó el plazo reglamentario
de cuatro meses para presentar sus observaciones sobre el fondo. A la fecha el Estado no ha presentado dichas
observaciones. La parte peticionaria ha presentado diversos escritos, las cuales fueron trasladadas al Estado.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición de la parte peticionaria

5.
La parte peticionaria alegó que el Estado argentino es responsable internacionalmente por las
alegadas detenciones ilegales y arbitrarias en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro
Tumbeiro en mayo de 1992 y enero de 1998, respectivamente, por parte de agentes de la Policía de Buenos
Aires. La parte peticionaria indicó que sus detenciones no se basaron en una orden judicial ni se efectuaron

1 CIDH, Informe No. 5/12, Caso 12.315, Admisibilidad, Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, Argentina,
19 de marzo de 2012.

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