2

3.
El escrito de 16 de junio de 2017, mediante el cual la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
presentó una solicitud de ampliación de medidas provisionales conforme al artículo 63.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la
Convención”) y los artículos 27.1 y 27.2 del Reglamento de la Corte, con la finalidad de que
ésta “orde[nara] al Estado de Nicaragua proteger y garantizar la vida, integridad personal y
territorial e identidad cultural en favor [de] los miembros de la Comunidad de Esperanza Río
Wawa”.
4.
La nota de Secretaría de 19 de junio de 2017 mediante la cual, siguiendo
instrucciones del Presidente del Tribunal, se remitió al Estado de Nicaragua (en adelante “el
Estado” o “Nicaragua”) la solicitud de ampliación de medidas provisionales y se otorgó un
plazo hasta el 26 de junio de 2017 para que remitiera a la Corte información precisa sobre
la situación planteada por la Comisión, así como sobre las medidas específicas adoptadas
por el Estado al respecto.
5.
La comunicación de 27 de junio de 2017, mediante la cual el Estado remitió el Informe
periódico del Estado de Nicaragua sobre el cumplimiento de las medidas provisionales a favor
de las comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Costa Caribe. Asimismo, se pronunció
sobre la solicitud de ampliación de las medidas provisionales a favor de la Comunidad Indígena
Miskitu de La Esperanza Río Wawa.
6.
La Resolución del Presidente de la Corte de 30 de junio de 2017, mediante la cual
resolvió ampliar las medidas provisionales emitidas en el presente asunto, a favor de los
miembros del pueblo indígena Miskitu que habitan en la Comunidad de Esperanza Río
Wawa, así como a las personas que presuntamente hayan tenido que abandonar dicha
comunidad y deseen regresar.
7.
La comunicación de 7 de agosto de 2017, mediante la cual los representantes de los
beneficiarios remitieron sus observaciones al informe estatal de 27 de junio de 2017.
CONSIDERANDO QUE:
1.
Nicaragua ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
también “la Convención Americana” o “la Convención”) el 25 de septiembre de 1979 y, de
acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de
febrero de 1991.
2.
El artículo 63.2 de la Convención establece que “[e]n casos de extrema gravedad y
urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte
podrá tomar, a solicitud de la Comisión, las medidas provisionales que considere pertinentes
en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento. Asimismo, el artículo 27.2
del Reglamento de la Corte señala que: “[s]i se tratare de asuntos aún no sometidos a su
conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
3.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales
tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica,
sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en tanto que
buscan evitar daños irreparables a las personas. Éstas se aplican siempre y cuando se
reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños

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