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6.
Las comunicaciones de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 1, 5 y 6 de febrero de 2018, por medio de las cuales, respectivamente: a) se acusó recibo
de la comunicación de los representantes de 1 de febrero del mismo año (supra, Visto 4) y se
dio traslado de la misma al Estado y a la Comisión; b) se requirió a los representantes que el 7
de febrero de 2018 presenten “información detallada” sobre su solicitud y se pidió a la
Comisión y al Estado que en la misma fecha remitan la información y consideraciones que
estimen pertinentes, y c) se solicitó al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que al presentar la información y consideraciones antes requeridas, hagan referencia
a lo informado y solicitado por los representantes en su comunicación de 6 de febrero de 2018.
7.
Que el 9 de febrero de 2018 tendrá lugar una audiencia pública en la sede de la Corte
Interamericana, en San José, Costa Rica.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención” o “la Convención Americana”) dispone, en lo relevante, que “[e]n casos de
extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las
personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales
que considere pertinentes”. Esta disposición obliga a los Estados a adoptar las medidas
provisionales que les ordene este Tribunal; adicionalmente, estos deben cumplir sus
obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)2.
2.
El artículo 27.3 del Reglamento de este Tribunal establece que “[e]n los casos
contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas
víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a ésta una solicitud de medidas
provisionales, las que deberán tener relación con el objeto del caso”.
3.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen
un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino
fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en tanto que buscan evitar
daños irreparables a las personas. Éstas se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos
básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las
personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera
garantía jurisdiccional de carácter preventivo3.
4.
La Corte ha señalado que las tres condiciones exigidas por el artículo 63.2 de la
Convención para que pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir en toda
situación en la que se soliciten 4. El Tribunal ya ha señalado que, conforme a la Convención y al
Reglamento, la carga procesal de demostrar prima facie dichos requisitos recae en el
solicitante5. En cuanto a la gravedad, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la
Convención requiere que aquélla sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más
2

Cfr. Asunto James y otros respecto Trinidad y Tobago. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 14 de junio de 1998, Considerando 6, y Asunto Milagro Sala respecto de
Argentina. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de
noviembre de 2017, Considerando 4.
3
Cfr. Caso Herrera Ulloa respecto Costa Rica. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando 4, y Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Medidas
Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 17 de diciembre del 2017, Considerando 6.
4
Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros respecto Guatemala. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, Considerando 14
5
Cfr. Asunto Belfort Istúriz y otros respecto Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 15 de
abril de 2010, Considerando 5

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