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objeciones del Estado respecto a la declaración pericial ofrecida por los representantes; b)
objeciones del Estado respecto de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana;
c) objeciones del Estado a las pruebas testimoniales ofrecidas por los representantes; d) la
modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales por recibir, y e) los alegatos y
observaciones finales orales y escritas.
A.

Recusación y objeciones del Estado respecto a la declaración pericial
ofrecida por los representantes

6.
El Estado recusó a Juan Pablo Albán Alencastro por presuntamente carecer de
imparcialidad. Además presentó objeciones respeto a la idoneidad del perito para pronunciarse
sobre ciertos temas y la pertinencia o necesidad del peritaje. Respecto a la recusación, el
Estado señaló que existe una “relación estrecha y funcional entre el perito y la directora de la
ONG que auspicia el presente caso”, debido a que: (i) la Directora Ejecutiva de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos fue miembro y Presidenta de la Comisión de la Verdad, la
cual investigó y documentó 118 casos, algunos de los cuales son representados por el señor
Albán, y (ii) la mencionada Directora Ejecutiva y el señor Albán participaron conjuntamente en
una audiencia ante la Comisión Interamericana sobre el estado de cumplimiento de las
recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad. De acuerdo al Estado, “[e]ste tipo
de circunstancias, confirman la carencia de imparcialidad e independencia entorno al
desarrollo del peritaje aquí planteado”, por lo que aplicaría el artículo 48.1.c) del Reglamento
de la Corte, debiendo ser rechazado por la Honorable Corte.
7.
Al respecto, el señor Albán Alencastro respondió que, si bien es cierto que representa
algunas de las víctimas en las investigaciones penales de varios de los 118 casos
documentados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad del Ecuador y que participó en
una audiencia ante la Comisión al respecto, no es cierto que tenga una relación estrecha y
funcional con la organización que representa a las presuntas víctimas en este caso o con su
Directora. Señaló que “no puede alegarse una supuesta falta de independencia de [su] parte
en este asunto tomando en consideración que no mant[iene] relación profesional, laboral o en
general de subordinación con [la Directora Ejecutiva de CEDHU, o con dicha organización]”.
Aclaró que la Directora del CEDHU ocupó la Presidencia de la Comisión de la Verdad de 2007 a
2010, por lo que no participó en la judicialización de ninguna de los casos documentados por
dicha comisión. Asimismo, indicó que la organización representante no forma parte de las
organizaciones que solicitaron la audiencia celebrada durante el 156° Periodo Ordinario de la
Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la
Verdad. Explicó que la Directora del CEDHU no acudió a la audiencia sino que se exhibió un
video de unos minutos a los Comisionados donde, entre otras personas, y en su calidad de
Presidenta de la Comisión de la Verdad, explicó el alcance de las recomendaciones formulados
por dicho organismo y su apreciación sobre el estado de cumplimiento de tales
recomendaciones2.
8.
De conformidad con el artículo 48.1.c) del Reglamento3, para que la recusación de un
perito sobre esa base resultara procedente está condicionada a que concurran dos supuestos:
la existencia de un vínculo determinado del perito con la parte proponente y que,
2

En su escrito el señor Albán Alencastro presentó alegatos sobre las demás objeciones presentados por el
Estado, es decir, objeciones respecto de la idoneidad del perito para rendir este peritaje, así como objeciones frente a
la pertinencia de este peritaje. Esta Presidencia no considera que dichas objeciones se refieran a la imparcialidad u
objetividad del perito, por lo que no constituyan argumentos de recusación contra el perito. Por tanto, dichas
observaciones no fueron solicitadas por esta Presidencia. En consecuencia, no serán tomados en cuenta.
3

El referido artículo establece que: “Los peritos podrán ser recusados cuando incurran en alguna de las
siguientes causales: […] c. tener o haber tenido vínculos estrechos o relación de subordinación funcional con la parte
que lo propone y que a juicio de la Corte pudiera afectar su imparcialidad”.

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