INFORME No. 23/09 1
PETICIÓN 1133-05
ADMISIBILIDAD
RAÚL JOSÉ DÍAZ PEÑA
VENEZUELA
20 de marzo de 2009
I.

RESUMEN

1. El 12 de octubre de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
"la Comisión") recibió una petición presentada por Patricia Andrade de la organización
Venezuela Awareness Foundation (en adelante "la peticionaria"), en la cual se alega la
responsabilidad de agentes de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante "el Estado",
"el Estado venezolano" o "Venezuela") por la presunta detención ilegal de Raúl José Díaz
Peña(en adelante "la presunta víctima") el 25 de febrero de 2005, las irregularidades del
proceso penal en su contra y sus condiciones de detención en la Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) en El Helicoide, Caracas.
2. La peticionaria sostiene que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la
integridad personal, las garantías judiciales y la protección de la honra y la dignidad previstos
en los artículos 5, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
también "la Convención Americana" o "la Convención"). Durante el trámite de la petición se
añadieron alegatos sobre la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, el derecho
de reunión, la igualdad ante la ley y la protección judicial previstos en los artículos 4, 7, 15, 24
y 25 de la Convención Americana en relación con el deber de garantía, conforme al artículo 1.1
de dicho Tratado 2.
3. Tras examinar la posición de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los
artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar el reclamo
admisible a efectos del examen de la presunta violación de los artículos 5, 7, 8, 25 en conexión
con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana y en aplicación
del principio iura novit curia, en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 2 del
mismo instrumento. La Comisión decidió declarar inadmisible los extremos de la petición
relativos a las presuntas violaciones de los artículos 4, 11, 15 y 24 de la Convención
Americana. Asimismo, decidió notificar el informe a las partes y ordenar su publicación.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. El 12 de octubre de 2005 la Comisión recibió la petición inicial, la cual fue registrada bajo el
número P1133-05. Junto con la petición inicial, la peticionaria presentó una solicitud de
medidas cautelares a favor de la presunta víctima, las cuales fueron otorgadas por la Comisión
el 31 de octubre de 2005 3. La medida cautelar se encuentra vigente a la fecha de aprobación
del presente informe.
5. Respecto al trámite de la petición, el 24 de abril de 2005 la Comisión solicitó a la
peticionaria información adicional sobre los recursos judiciales interpuestos en la jurisdicción
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Luz Patricia Mejía, de
nacionalidad venezolana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 Escritos de la peticionaria recibidos en la CIDH el 29 de junio de 2007 y el 2 de octubre de 2008.
3 CIDH, Informe Anual 2007, Capítulo III, Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2005. “El 31 de octubre
de 2005 la Comisión otorgo medidas cautelares a favor de Raúl José Díaz Peña. La información disponible indica que el
señor Díaz se encuentra privado de la libertad en la División de Investigaciones de la Sede de la Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), sede El Helicoide, Caracas, desde el 25 de febrero de 2004, en
calabozos que no poseen ventilación natural ni entrada de aire y luz natural. En vista de la situación del beneficiario, la
CIDH solicitó al Estado de Venezuela que instruya a las autoridades competentes a realizar los exámenes médicos que
permitan evaluar la salud del beneficiario y brindarle el tratamiento especializado que requiera; se traslade al señor
Díaz a un centro de detención preventivo donde se le garantice acceso a condiciones dignas de vida, luz natural, aire
fresco y ejercicio; hasta tanto se haga efectivo el traslado del señor Díaz de la DISIP a un centro de detención
preventiva se le aseguren las garantías necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral; y se garantice
que el señor Díaz no padecerá represalia alguna en razón a los trámites realizados dentro del sistema interamericano
de derechos humanos”.

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