En efecto, las investigaciones fueron llevadas a cabo con el objetivo de estigmatizar y
revictimizar a las personas fallecidas, pues se enfocaron en su culpabilidad y no en la verificación de
la legitimidad del uso de la fuerza. Tanto la muerte de las 26 personas como los actos de tortura y
violencia sexual se encuentran en situación de impunidad y, a la fecha, la acción penal respecto de la
mayoría de los hechos del caso – los actos de tortura y violencia sexual en la redada de 1994 y las
muertes en la redada de 1995 – se encuentran prescritas a nivel interno.
El Estado se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de septiembre
de 1992 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998. Asimismo, el
Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 20 de julio de
1989. El Estado también ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” el 27 de noviembre de 1995.
La Comisión ha designado al Comisionado Felipe González y al Secretario Ejecutivo Emilio
Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta
y Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras
legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del informe de fondo 141/11 elaborado en observancia del artículo 50 de la
Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice
I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 141/11 (Anexos). Al pronunciarse sobre el
fondo del asunto, la Comisión Interamericana llegó a la conclusión de que el Estado de Brasil es
responsable internacionalmente por las siguientes violaciones:
1. Artículo 4.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo
instrumento en perjuicio de Alberto dos Santos Ramos; Fabio Henrique Fernandes;
Robson Genuino dos Santos; Adriano Silva Donato; Evandro de Oliveira; Sergio Mendes
Oliveira; Ranilson José de Souza; Clemilson dos Santos Moura; Alexander Batista de
Souza; Cosme Rosa Genoveva; Anderson Mendes; Eduardo Pinto da Silva; Anderson
Abrantes da Silva; Marcio Felix; Alex Fonseca Costa; Jacques Douglas Melo Rodrigues;
Renato Inacio da Silva; Ciro Pereira Dutra; Fabio Ribeiro Castor; y Alex Sandro Alves dos
Reis;
2. Artículos 4.1 y 19 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, en perjuicio de André Luiz Neri da Silva, Alex Vianna dos Santos,
Alan Kardec Silva de Oliveira, Macmiller Faria Neves, Nilton Ramos de Oliveira Junior y
Welington Silva;
3. Artículos 5.2 y 11 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, y artículos 1, 6 y 8 de la CIPPST en perjuicio de L.R.J;
4. Artículos 5.2, 11 y 19 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, y artículos 1, 6 y 8 de la CIPPST, en perjuicio de C.S.S. y J.F.C.;
5. Artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1
del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas identificadas en el párrafo 191 del
informe; y

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