Ref.:

Caso No. 12.792
Maria Luisa Acosta y otros
Nicaragua

29 de julio de 2015

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el caso 12.792 – Maria Luisa Acosta y otros respecto de la República de
Nicaragua (en adelante “el Estado”, “el Estado nicaragüense” o “Nicaragua”), relacionado con la falta
de investigación diligente y en un plazo razonable del asesinato del señor Francisco García Valle,
esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, el 8 de abril de 2002 en
Nicaragua. El caso también se relaciona con las violaciones al debido proceso y la criminalización
sufrida por la señora Acosta en el marco de los procesos que se le abrieron posteriormente.
La Comisión determinó que el Estado no investigó diligentemente el móvil del asesinato.
Específicamente, estableció que del contexto, de los antecedentes sobre las labores de la señora
Acosta y de la información obrante en el expediente interno, resultaba claramente la hipótesis
relativa a que el asesinato del señor García Valle pudo deberse a la intensa actividad que realizada
la señora María Luisa Acosta en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión
determinó que a pesar de que desde el inicio de la investigación surgieron indicios sobre la autoría
intelectual de dos personas cuyos intereses se vieron directamente afectados como consecuencia de
la labor de María Luisa Acosta, esta línea de investigación no fue asumida de manera seria y
exhaustiva, sino que por el contrario, se emitió un sobreseimiento en incumplimiento de los
requisitos legales, de manera apresurada y sin que se hubieran practicado pruebas esenciales al
respecto. Posteriormente, no obstante apareció prueba superveniente que apoyaba esta hipótesis
sobre la autoría intelectual, las autoridades internas se negaron a reabrir las investigaciones. La
Comisión consideró que estas acciones y omisiones, sumadas a otros indicios, fueron de tal entidad
que podrían considerarse como un supuesto de encubrimiento deliberado. Asimismo, la Comisión
consideró que el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la señora Acosta debido a que no
aportó el papel para emitir las copias respectivas, constituyó una formalidad irrazonable y una
barrera en el acceso a la justicia. En su informe la CIDH también encontró que el Estado violó el
deber de debida diligencia con relación a la búsqueda, identificación y eventual sanción de un autor
material del asesinato del señor García Valle. Finalmente, la Comisión determinó que el tiempo que
duró la investigación y proceso penal no cumplió con la garantía de plazo razonable.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica
Anexos

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