INFORME No. 28/16
CASO 11.550
INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO
MAURILIA COC MAX Y OTROS (MASACRE DE XAMÁN)
GUATEMALA
10 DE JUNIO DE 2016

I.

RESUMEN

1.
El 16 de noviembre de 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Rigoberta Menchú Tum, Eduardo Antonio
Salerno y María López Funes. Posteriormente se constituyó como peticionario el Grupo de Apoyo Mutuo GAM (en adelante “los peticionarios”). Los peticionarios alegaron la responsabilidad del Estado de Guatemala
(en adelante “el Estado” o “el Estado guatemalteco”) por la ejecución extrajudicial y las lesiones causadas a un
grupo de pobladores de la finca Xamán, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

2.
Según los peticionarios, el 5 de octubre de 1995 miembros de las Fuerzas Armadas de
Guatemala ingresaron a la finca Xamán. Sostuvieron que once pobladores fallecieron – incluyendo tres niños
y niñas – y veintinueve personas resultaron heridas. En cuanto a la admisibilidad del caso, los peticionarios
manifestaron que se agotaron los recursos internos. Agregaron que el proceso penal tuvo distintas
irregularidades y falencias y que duró un tiempo irrazonable. Indicaron que a la fecha las víctimas y sus
familiares no han recibido ningún tipo de reparación.

3.
Por su parte, el Estado reconoció la ocurrencia de los hechos y argumentó que adoptó las
medidas necesarias para esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los militares responsables. Indicó
que tras un proceso ajustado a su normativa interna, emitió una sentencia condenatoria en contra de los
militares involucrados en los delitos de ejecución arbitraria e intento de ejecución arbitraria. En
consecuencia, el Estado indicó que el caso es inadmisible y que no incurrió en responsabilidad internacional
puesto que ya habría reparado las afectaciones previamente descritas.

4.
Tras analizar la información disponible, la Comisión concluyó que el caso es admisible y que
el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4.1, 5.1,
8.1, 19, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, en perjuicio de las personas que se indican en cada una de las secciones del presente
informe.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.
La petición inicial fue presentada el 16 de noviembre de 1995. El 6 de diciembre de 1995 el
Estado presentó una comunicación luego de que la Comisión le trasladara la petición. Los peticionarios
presentaron comunicaciones el 26 de febrero de 1996, 12 de marzo de 1996, 10 de septiembre de 1996, 30 de
septiembre de 1996, 26 de febrero de 1998, 23 de marzo de 1998, 10 de agosto de 1998, 6 de octubre de
1998, 4 de marzo de 1999 y 26 de julio de 2002. Por su parte, el Estado presentó comunicaciones el 24 de
mayo de 1996, 12 de mayo de 1997, 12 de marzo de 1998, 27 de abril de 1998, 1 de diciembre de 1998 y 7 de
julio de 1999.
El 18 de diciembre de 2002 la CIDH envió una comunicación a las partes informándoles su
6.
decisión de diferir el análisis de la admisibilidad de la petición hasta la decisión sobre el fondo, en aplicación
del artículo 37.3 de su Reglamento entonces vigente. La Comisión señaló que dicha decisión se basó en que
“durante el tiempo de tramitación de la presente petición, las partes tuvieron amplias posibilidades para
proporcionar información relativa a la denuncia y argumentar tanto sobre la admisibilidad como el mérito de
la misma”. La Comisión solicitó a los peticionarios presentar sus observaciones sobre admisibilidad y fondo
en el plazo de dos meses.
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