RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES
RESPECTO NICARAGUA
ASUNTO POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO INDÍGENA MISKITU
DE LA REGIÓN COSTA CARIBE NORTE
VISTO:
1.
El escrito de 19 de agosto de 2016, mediante el cual la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”)
sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana” o “la Corte”) una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los
artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención Americana” o “la Convención”) y 27 del Reglamento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), con la
finalidad de que ésta ordene al Estado de Nicaragua (en adelante “el Estado”, “el Estado
nicaragüense” o “Nicaragua”) proteger la vida e integridad personal de los pobladores de las
comunidades indígenas de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi del pueblo
indígena Miskitu, localizadas en la Región del Caribe Norte de Nicaragua.
2.
La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 22 de agosto de
2016, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Pleno del Tribunal, se solicitó al Estado
que, a más tardar el 29 de agosto de 2016, remitiera información precisa sobre la situación
planteada por la Comisión, así como sobre las medidas específicas adoptadas por el Estado
al respecto. Asimismo, se le recordó sus obligaciones generales derivadas del artículo 1.1 de
la Convención, a fin de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción en toda circunstancia.
3.
Una vez cumplido el plazo anterior, la Corte verificó que el Estado de Nicaragua no
remitió la información requerida.
CONSIDERANDO QUE:
1. Nicaragua ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
también “la Convención Americana” o “la Convención”) el 25 de septiembre de 1979 y, de
acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de
febrero de 1991.
2. El artículo 63.2 de la Convención establece que “[e]n casos de extrema gravedad y
urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte
podrá tomar, a solicitud de la Comisión, las medidas provisionales que considere pertinentes
en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento […].
3. Asimismo, el artículo 27.2 del Reglamento de la Corte señala que: “Si se tratare de
asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la
Comisión”.

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