RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS *
DE 23 DE MAYO DE 2017
CASO GOIBURÚ Y OTROS VS. PARAGUAY
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
VISTO:
1.
La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”,
“la Corte” o “el Tribunal”) el 22 de septiembre de 2006 1. En dicho fallo la Corte tomó en
cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por la República del
Paraguay (en adelante “el Estado” o “Paraguay”) por “la detención arbitraria e ilegal y
tortura de la[s] víctima[s] y [su] desaparición forzada hasta la fecha” perpetradas contra los
paraguayos Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y los hermanos
Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, las cuales iniciaron en los años 1974 y 1977, sin que a
la fecha de la Sentencia se conociera su paradero. Tres de las víctimas fueron privadas de
libertad ilegalmente cuando se encontraban viviendo en Argentina o a su ingreso al
Paraguay provenientes de Argentina, y una víctima fue ilegalmente privada de libertad en
Asunción, Paraguay. Dichos hechos ocurrieron en tiempo de la dictadura en Paraguay del
General Alfredo Stroessner. En la década de los setenta, ese y otros gobiernos dictatoriales
de la región del Cono Sur crearon una estrategia común de represión contra personas
señaladas como “elementos subversivos”, vistos como “enemigos comunes” a nivel interestatal, sin importar su nacionalidad. Las violaciones del presente caso tuvieron lugar en el
marco de la llamada “Operación Cóndor”, que implicaba la acción coordinada de las fuerzas
de seguridad y servicios de inteligencia de esas dictaduras contra tales personas. La Corte
determinó que el Estado era responsable por la violación, entre otros, de los derechos a la
vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de las cuatro víctimas de
nacionalidad paraguaya, así como de los derechos a la integridad personal, a las garantías
judiciales y a la protección judicial en perjuicio de sus familiares. Paraguay también
reconoció que incurrió en una violación del principio del plazo razonable en la investigación
penal, que el propio Estado calificó como “retardo judicial grave”. La Corte estableció que su
Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, además, ordenó al Estado
determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1).

*

El Juez Roberto F. Caldas y el Juez L. Patricio Pazmiño Freire no participaron en la deliberación y firma de
la presente Resolución, por motivos de fuerza mayor. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del
Reglamento de la Corte, el Vicepresidente Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poissot asumió la presidencia en
ejercicio para la presente Resolución.
1
Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de septiembre de
2006. Serie
C
No.
153.
El
texto
íntegro
de
la
Sentencia
se
encuentra
disponible
en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf . La Sentencia fue notificada el 17 de octubre
de 2006.

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