2

[…]
7.
[…] por equidad, que el Estado debe pagar a los miembros de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, por conducto de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la suma total de US$ 30.000 (treinta mil dólares de los Estados
Unidos de América) por concepto de gastos y costas en que incurrieron los miembros de
dicha Comunidad y sus representantes, ambos causados en los procesos internos y en
el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección, de conformidad
con lo expuesto en el párrafo 169 de la […] Sentencia.
[…]
8.
[…] que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
cada seis meses a partir de la notificación de la […] Sentencia, un informe sobre las
medidas tomadas para darle cumplimiento.
[…]
9.
[…] que supervisará el cumplimiento de [la] Sentencia y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el […]
fallo.

2.
Los informes del Estado de fechas 22 de marzo y 26 de septiembre de 2002;
28 de marzo y 18 de noviembre de 2003; 4 de junio y 17 de diciembre de 2004; 7
de marzo; 23 de febrero y 5 de agosto de 2005; y 19 de mayo de 2006.
3.
Las observaciones de los representantes de las víctimas (en adelante “los
representantes”) de fechas 28 de junio y 15 de octubre de 2002; 25 de abril, 4 de
noviembre y 14 de noviembre de 2003; 6 de mayo, 12 de julio y 17 de noviembre de
2004; 18 de enero y 6 de septiembre de 2005; 19 de junio y 13 de diciembre de
2006; y 13 de julio de 2007.
4.
Las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de fechas 16 de abril, 18 de
julio y 7 de noviembre de 2002; 17 de noviembre y 20 de mayo de 2003; 3 de
marzo, 12 de julio y 16 de noviembre de 2004; 20 de abril de 2005 y 2 de febrero y
5 de julio de 2006.
CONSIDERANDO:
1.
Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el
supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2.
Que el Estado de Nicaragua es Estado Parte en la Convención Americana de
Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”)
desde el 25 de septiembre de 1979 y reconoció la competencia de la Corte el 12 de
febrero de 1991.
3.
Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la
Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas
deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
4.
Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados
Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo
caso en que sean partes”. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes
vinculan a todos los poderes o funciones del Estado.

Select target paragraph3