INFORME No. 78/17
CASO 11.834
ADMISIBILIDAD Y FONDO
MANUEL MARTÍNEZ CORONADO
GUATEMALA
5 DE JULIO DE 2017
I.

RESUMEN

1.
El 31 de octubre de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el Servicio Público
de Defensa Penal de Guatemala (en adelante “los peticionarios”) en nombre de Manuel Martínez Coronado
(en adelante “la presunta víctima”) en la cual se alega la responsabilidad de la República de Guatemala (en
adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”) por la imposición de la pena de muerte a la
presunta víctima, en el marco de un proceso penal sin las debidas garantías.
2.
Los peticionarios argumentaron que en el marco del proceso penal en contra de la presunta
víctima, por el delito de asesinato, se cometieron diversas violaciones al debido proceso. Alegaron que pese a
ello, la presunta víctima fue ejecutada por medio de inyección letal, por lo que se trató de una privación
arbitraria de la vida.
3.
El Estado argumentó que en el proceso llevado a cabo en contra de la presunta víctima se
respetaron todas las garantías del debido proceso y que la pena de muerte fue aplicada por la comisión de un
delito grave, previsto en la legislación vigente de la época, lo cual no vulnera la Convención Americana.
4.
Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado
guatemalteco es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4.1, 4.2, 8.1, 8.2 c),
e), 9 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2
del mismo instrumento en perjuicio de Manuel Martínez Coronado.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

A.

Trámite del caso

5.
La petición fue recibida por la Comisión el 31 de octubre de 1997 y se inició el trámite de la
misma el 12 de noviembre del mismo año. El 17 de junio de 2002 la Comisión informó a las partes que, en
virtud del artículo 37.3 del Reglamento entonces vigente, había decidido diferir el tratamiento de
admisibilidad hasta el debate sobre el fondo, por lo que otorgó al peticionario el plazo de dos meses para
presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. El 15 de diciembre de 2003, la Comisión concedió el
plazo de dos meses al Estado para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. El 26 de marzo de
2004 el Estado presentó dichas observaciones.
6.
En el caso en referencia, la Comisión se puso a disposición de las partes para una solución
amistosa, sin que ambas partes manifestaran interés en dar inicio a tal procedimiento.
B.

Trámite de las medidas cautelares

7.
El 18 de noviembre de 1997, la Comisión solicitó que el Estado de Guatemala adoptara
medidas cautelares para suspender la ejecución de Manuel Martínez Coronado. El 20 de noviembre de 1997,
el Gobierno respondió señalando que su sistema judicial no preveía la aplicación de medidas cautelares para
suspender la ejecución. La Comisión reiteró su pedido en una nota del 24 de noviembre de 1997. El 26 de

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