Adicionalmente, la CIDH estimó que se violó el derecho a la libertad personal y presunción de inocencia
de la víctima porque se le impuso prisión preventiva obligatoria, ya que el delito por el cual estaba siendo
procesado (robo agravado) tenía una pena de más de seis años, por lo que conforme al artículo 1 de la Ley
10.484 no tenía posibilidad de excarcelación a lo largo del proceso, lo que resulta incompatible con el estándar
general a la luz del cual la detención preventiva es la excepción a la regla, así como el estándar específico
conforme al cual no es posible que el criterio determinante para la misma sea la pena a imponer o la gravedad
del delito. Además, la Comisión declaró la violación de dicho derecho, tomando en cuenta que la víctima estuvo
privada de libertad un año y seis meses en una comisaría policial. Finalmente, la CIDH declaró la violación del
derecho a la integridad personal en perjuicio de la madre de José Luis Hernández quien denunció en varias
ocasiones su situación de salud, ya que la privación de libertad de la víctima le generó una particular angustia.
El Estado de Argentina ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 5 de septiembre
de 1984 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte en la misma fecha.
La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano
Guzmán y Christian González, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora
y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del informe de fondo 96/17 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de
la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 96/17 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Argentina
mediante comunicación de 8 de noviembre de 2017, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Argentina no presentó información alguna sobre
cumplimiento de las recomendaciones, y la solicitud de prórroga presentada para informar al respecto no
cumplió con el requerimiento del Artículo 46 del Reglamento de la CIDH de indicar que el Estado “acepte en
forma expresa e irrevocable la suspensión del plazo previsto” para el sometimiento del caso ante la Corte
Interamericana.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de
los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 96/17, por la necesidad de
justicia y reparación a favor de José Luis Hernández. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya
y declare la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la violación de los derechos establecidos
en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Luis Hernández. Además, la
CIDH solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado violó el artículo 5.1 en perjuicio de Raquel San
Martín de Hernández.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:
1.
Reparar integralmente a la víctima del presente caso mediante medidas de compensación
pecuniaria y de satisfacción que incluyan el daño material e inmaterial ocasionado a la víctima como
consecuencia de las violaciones declaradas en el informe de fondo.
2.
Brindar de forma gratuita, inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento de
salud física o mental a la víctima del presente caso siempre que así lo solicite y de manera concertada con él.

2

Select target paragraph3