INFORME No. 22/15
CASO 12.792
FONDO
MARIA LUISA ACOSTA Y OTROS
NICARAGUA
26 DE MARZO DE 2015

I.

RESUMEN

1.
El 22 de junio de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
"Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por María Luisa
Acosta Castellón, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Centro por la Justicia y
Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua CEJUDHCAN y el Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos CENIDH (en adelante “los peticionarios"), actuando en representación de María Luisa Acosta
Castellón, Francisco García Valle, Ana María y Álvaro Arístides Vergara Acosta, Leonor del Carmen Valle de
García y Rodolfo García Solari, en contra de la República de Nicaragua (en adelante “el Estado”, “el Estado
nicaragüense” o “Nicaragua”).
2.
Los peticionarios alegaron que el 8 de abril de 2002 fue asesinado Francisco José García
Valle, esposo de María Luisa Acosta, pero que el verdadero objetivo de los asesinos era privar de la vida a la
señora Acosta o intimidarla debido a su labor de defensa a favor de los pueblos indígenas. Alegaron una serie
de irregularidades durante el proceso criminal seguido por el asesinato del señor García Valle, tales como el
sobreseimiento de los supuestos autores intelectuales del homicidio y de un autor material, y el
hostigamiento judicial en contra de la señora Acosta. En este sentido, indican los peticionarios que en lugar de
recibir justicia por el crimen de su esposo, el Estado habría permitido que el sistema cometiera una serie de
abusos contra María Luisa Acosta, al ser acusada, demandada y desplazada de su lugar de residencia.
3.
Por su parte, el Estado sostuvo que el proceso penal por el asesinato del señor García Valle
fue sustanciado con observancia de la legislación nacional y convenios internacionales, tratándose de manera
respetuosa e igualitaria a todos los procesados. Asimismo, informó que dos personas fueron condenadas por
el asesinato. Destacó que el hecho de que los peticionarios no estén conformes con las decisiones de la justicia
nicaragüense, en particular, el sobreseimiento de tres procesados por el homicidio del señor García Valle, no
supone una afectación a sus derechos. Según el Estado, no corresponde a la CIDH actuar como instancia de
revisión de cuestiones de fondo resueltas por la justicia nacional.
4.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que el Estado de Nicaragua es
responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la
protección judicial establecidos en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales) y
25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el
artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas que se indican a lo largo del presente
informe.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE
ADMISIBILIDAD 148/10

5.
La petición inicial fue recibida el 22 de junio de 2007. El 1 de noviembre de 2010, tras el
trámite de admisibilidad, la Comisión declaró el caso admisible mediante la adopción del informe de
admisibilidad 148/10, en cuanto a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 8 y 25
en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana 1. El trámite desde la presentación de la petición
hasta el informe de admisibilidad, se encuentra detallado en el referido informe. El 10 de enero de 2011 la
Comisión transmitió el informe de admisibilidad a las partes y otorgó un plazo de tres meses a los
peticionarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. En la misma comunicación, la
1

CIDH, Informe No. 148/10, Petición 830-07, Admisibilidad, María Luisa Acosta y otros, Nicaragua, 1 de noviembre de 2010.

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