INFORME No. 40/17
CASO 12.197
FONDO
RAMÓN ROSENDO CARRANZA ALARCÓN
ECUADOR
23 DE MAYO DE 2017

I.

RESUMEN

1.
El 5 de abril de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por José Leonardo
Obando Laaz (en adelante “el peticionario”) en el cual se alegó la responsabilidad de la República del Ecuador
por la detención ilegal y arbitraria de Ramón Rosendo Carranza Alarcón en noviembre de 1994 por parte de
agentes públicos, así como por el plazo irrazonable de detención preventiva que sufrió en el marco de una
investigación y proceso penal por el delito de asesinato.
2.
El Estado alegó que el arresto del señor Carranza y la duración de su detención preventiva se
realizó conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico interno y a los estándares internacionales.
Sostuvo que el señor Carranza dispuso de diversos recursos adecuados y efectivos a efectos de cuestionar
cualquier presunta afectación de sus derechos.
3.
Tras analizar la información disponible, la Comisión concluyó que el Estado es responsable
por la violación de los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, establecidos en los artículos 7.1,
7.3, 7.5, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana en relación con obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2
del mismo instrumento, en perjuicio de Ramón Rosendo Carranza Alarcón.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4.
El 5 de abril de 1998 la CIDH recibió la petición inicial. El trámite desde la presentación de la
petición hasta la decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el Informe de
Admisibilidad 154/11, aprobado el 2 de noviembre de 20111.
5.
El 10 de noviembre de 2011 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su
disposición a fin de llegar a una solución amistosa. El 30 de junio de 2014 el peticionario indicó a la CIDH que
no tenía observaciones adicionales que presentar. El 15 de julio de 2016 el Estado presentó sus
observaciones adicionales sobre el fondo.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición del peticionario

6.
El peticionario alegó la responsabilidad de la República del Ecuador por la detención ilegal y
arbitraria de Ramón Rosendo Carranza Alarcón en noviembre de 1994 por parte de agentes públicos, así
como por el plazo irrazonable de detención preventiva que sufrió en el marco de proceso penal que se le
siguió por asesinato. Señaló que el señor Carranza permaneció en detención preventiva hasta diciembre de
1998 cuando fue condenado. El peticionario también alegó que el Estado es responsable por la afectación a la
integridad personal del señor Carranza debido a que, a pesar de tener tuberculosis mientras estuvo detenido,
no recibió una atención médica adecuada. El detalle de los hechos y los procesos internos será referido en la
sección de Hechos Probados, basado en la información aportada por ambas partes.

1

2011.

CIDH, Informe de admisibilidad No. 154/11, Caso 12.197, Ramón Rosendo Carranza Alarcón, Ecuador, 2 de noviembre de

1

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