posible búsqueda de una solución amistosa. Posteriormente se recibieron escritos adicionales de ambas
partes, los cuales fueron debidamente trasladados.
III.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A.

Alegatos de la parte peticionaria

7.
La parte peticionaria alega que el presente caso se enmarca en un grave contexto de casos de
ejecuciones extrajudiciales en el estado Aragua y en otros estados del país, con un modus operandi
determinado en el que se utiliza la versión de enfrentamiento con la autoridad, para encubrir éstas y otras
violaciones de derechos humanos. Aduce que, en general, la mayoría de estos casos se encuentra en
impunidad.
8.
Sobre los hechos, la parte peticionaria denuncia que el 6 de marzo de 2003 los hermanos
Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto, y su padre, Octavio Ignacio Díaz Álvarez, fallecieron en forma
violenta y en distintas circunstancias, por heridas de armas de fuego. Afirman que en los hechos estuvieron
involucrados funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado Aragua (en adelante “el
CSOPEA”). Señalan que existen dos versiones sobre lo ocurrido. Una versión oficial en la que se sostiene que
las presuntas víctimas habrían iniciado un enfrentamiento con una comisión del CSOPEA que les identificó
como supuestos responsables de un robo denunciado ese mismo día.
9.
Y, una segunda versión, basada en las declaraciones de varios testigos, en la que se denuncia
que funcionarios uniformados y armados del CSOPEA ingresaron de forma violenta, sin orden de
aprehensión ni de allanamiento a la vivienda de la familia y detuvieron a Robert Ignacio Díaz Loreto en
presencia de sus familiares, quienes fueron amenazados para que no lo auxiliaran. Se alega que mientras era
sacado de su vivienda, Robert Ignacio fue herido por arma de fuego por un funcionario y luego trasladado con
rumbo desconocido por la comisión policial. Alegan que mientras estuvo bajo la custodia de los funcionarios,
fue objeto de torturas. Sostienen que luego de fallecer, la presunta víctima fue llevado al Hospital del seguro
social de la ciudad de Cagua, donde ingresó sin signos vitales y fue “abandonado” por los funcionarios. Dentro
de esta misma versión, se alega que luego de la detención de Robert Ignacio, su padre y su hermano salieron
en su búsqueda y cuando iban en el trayecto, fueron interceptados por la misma comisión policial. La parte
peticionaria sostiene que tras ordenarles que bajaran del carro “con las manos en el cuello”, los funcionarios
dispararon en contra de Octavio Díaz y su hijo, quienes fallecieron de forma inmediata. Se indica que ambos
fueron trasladados por la comisión del CSOPEA hasta el Hospital de Corposalud en la ciudad de Cagua, donde
fueron “abandonados” por los funcionarios.
10.
Frente a los hechos descritos, la parte peticionaria alega que el Estado de Venezuela es
responsable por violaciones a los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1.
11.
Sobre la investigación y los procesos judiciales internos, la parte peticionaria alega que las
autoridades incumplieron el deber de debida diligencia desde las etapas iniciales de la investigación, lo cual
consideran como una forma de complicidad con los hechos ocurridos. Sostiene que se inició un proceso
judicial en contra de 7 funcionarios del CSOPEA, en el marco del cual se realizaron dos juicios, el primero de
los cuales terminó con una sentencia absolutoria y el segundo no había concluido. Entre otras irregularidades,
se alega que en dichos procesos no se han considerado los delitos de violación de domicilio y privación
ilegítima de libertad, se verificaron largos períodos de inactividad, inhibiciones por parte de autoridades
judiciales provisorias, y no se dio respuesta a la querella privada presentada por la señora Juana Emilia
Loreto ante el primer proceso judicial. Adicionalmente, se alega que la medida privativa de libertad en contra
de los funcionarios acusados, fue irregularmente levantada en una oportunidad, se cumplía en la misma sede
de la comisaría del CSOPEA y que durante los procesos judiciales los funcionarios permanecieron activos.
12.
La parte peticionaria alega que durante el desarrollo de la investigación, no fue posible
lograr la declaración de varios de los testigos de los hechos porque tenían temor a sufrir represalias por parte
de los funcionarios. En relación con los familiares de las presuntas víctimas, la parte peticionaria relata una
serie de hechos ocurridos con posterioridad al 6 de enero de 2003 en los cuales varios miembros de la familia
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