admisible la petición respecto de Juan Arrom y Anuncio Martí, e inadmisible la petición en relación con las
denuncias efectuadas por Víctor Colmán, Ana Rosa Samudio de Colmán y Jorge Samudio.
6.
El 14 de noviembre de 2008 la Comisión notificó a las partes dicho informe y se puso a su
disposición a fin de llegar a una solución amistosa. El 24 y 25 de junio de 2010, el Estado y los peticionarios,
respectivamente, manifestaron su deseo de no continuar con el trámite de solución amistosa. El 23 de agosto
de 2010 los peticionarios presentaron sus observaciones de fondo. El 28 de febrero de 2011 el Estado remitió
sus observaciones de fondo. El 6 de junio de 2011 los peticionarios presentaron un escrito con sus
observaciones a lo dicho por el Estado y el 12 de diciembre de 2011 el Estado se pronunció sobre dicho
escrito. En los años posteriores, la Comisión ha continuado recibiendo comunicaciones de las partes, siendo la
última del Estado de 13 de julio de 2017, en la que solicitó una prórroga para emitir su pronunciamiento
frente a documentos que se le pusieron en conocimiento, sin que a la fecha haya remitido sus observaciones, y
de los peticionarios en fecha 30 de junio de 2017. La información sustantiva ha sido debidamente trasladada
entre las partes4.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

LOS PETICIONARIOS

7.
Los peticionarios afirmaron que desde el 17 al 30 de enero de 2002 agentes estatales
participaron en la detención, reclusión en sitios clandestinos y torturas en contra de Juan Francisco Arrom
Suhurt y Anuncio Martí Méndez, quienes eran dirigentes del partido político Patria Libre.
8.
Manifestaron que la alegada desaparición y tortura a las que fueron sometidos Juan Arrom y
Anuncio Martí tenían como propósito que ellos se declararan culpables del secuestro de la señora María Edith
Bordón e indagar por su actividad política. Alegaron que a pesar de las denuncias presentadas, los hechos
permanecen en la impunidad. Informaron que actualmente se encuentran en Brasil, Estado que les reconoció
el estatuto de refugiados.
9.
Los peticionarios alegaron que el Estado paraguayo violó los artículos 5, 7, 8 y 25, en
conexidad con los artículos 1.1 y 2; así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura.
10.
Sobre la violación al derecho a la libertad personal los peticionarios señalaron que esta
afectación tuvo origen en la detención arbitraria de Arrom y Martí y su reclusión en lugares clandestinos
desde el 17 de enero de 2002 y hasta el 30 de enero del mismo año. Agregaron que los habeas corpus
interpuestos, no fueron efectivos.
11.
Con respecto a la violación al derecho a la integridad personal y de la Convención
Interamericana para Prevenir la Tortura, los peticionarios sostuvieron que mientras que Juan Arrom y
Anuncio Martí estuvieron recluidos, sufrieron aflicciones físicas, sicológicas y morales; además, afirmaron que
por estar recluidos en lugares clandestinos y por la falta de efectividad de los recursos judiciales, también se
afectó su derecho a la integridad personal. Igualmente, los abogados manifestaron que los familiares de
Arrom y Martí “sufrieron la violencia que caracteriza la angustia provocada por la desaparición”.
12.
En cuanto a la violación a las garantías y protección judiciales, los peticionarios señalaron
que debido a la reclusión clandestina, Arrom y Martí no tuvieron acceso a los recursos judiciales para
controvertir las condiciones de su detención.

4 El 6 de febrero de 2002, la CIDH otorgó medidas cautelares en el caso y solicitó al Gobierno de Paraguay “[a]doptar cuantas
medidas sean necesarias para asegurar la vida e integridad física [de] Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez”. El 12 de
junio de 2006 la Comisión levantó las medidas cautelares.

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