conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, en relación con los derechos reconocidos en los artículos 6, 5, 7, 22, 8 y 25 de la misma. e) La no adopción de medidas de conformidad con el artículo II de la Declaración Americana, en relación con el artículo XVIII de la misma y, a partir de 25 de septiembre de 1992, con el artículo 1.1 de la Convención, en relación con los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la misma en perjuicio de los trabajadores Iron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis, José Soriano Da Costa, así como de los familiares de los dos primeros, entre los que se encuentran José Teodoro da Silva y Miguel Ferreira da Cruz. f) La aplicación de la figura de la prescripción en el presente caso en violación de los artículos 8.1 y 25.1, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y en el artículo 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los trabajadores Iron Canuto da Silva, Luis Ferreira da Cruz, Adailton Martins dos Reis, José Soriano Da Costa, José Teodoro da Silva y Miguel Ferreira da Cruz, así como de los trabajadores que se encontraban en la Fazenda Brasil Verde durante las fiscalizaciones de 1997. Dicho informe de admisibilidad y fondo fue notificado al Estado de Brasil mediante comunicación 4 de enero de 2012 otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento de diez prórrogas, el Estado no ha avanzado de manera concreta en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de admisibilidad y fondo. Si bien el Estado presentó amplia información sobre la normativa y las políticas públicas sobre la materia, no avanzó en las recomendaciones de reparar adecuadamente a las víctimas tanto en los aspectos morales como materiales. Tampoco se aportó información sobre medidas para dar cumplimiento a las recomendaciones relativas a las investigaciones de los hechos del caso. En ese sentido, y ante la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, la Comisión decidió someter el presente caso a la Honorable Corte. Específicamente, la Comisión somete a la Corte las acciones y omisiones estatales que ocurrieron o continuaron ocurriendo con posterioridad al 10 de diciembre de 1998, fecha de aceptación de la competencia de la Corte por parte del Estado de Brasil. Dentro de tales acciones y omisiones se encuentran: La situación de trabajo forzado y servidumbre por deudas análogo a la esclavitud a partir del 10 de diciembre de 1998. Como se indicó en el informe de fondo, esta situación fue constatada, entre otros medios probatorios, a través de la fiscalización que tuvo lugar en el año 2000. Las acciones y omisiones que han llevado a la situación de impunidad de la totalidad de los hechos del caso. Esta situación de impunidad continuaba vigente al momento de la aceptación de competencia de la Corte y continúa vigente a la fecha. Las desapariciones de Iron Canuto y Luis Ferreira, las cuales se extendieron más allá de la fecha de aceptación de la competencia de la Corte. Lo anterior, sin perjuicio de que el Estado de Brasil acepte la competencia de la Corte para conocer la totalidad del presente caso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 62.2 de la Convención Americana. 3

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