Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria de Daniel García Rodriguez y Reyes Alpízar Ortiz, durante el año 2002, en el marco de una investigación por la muerte de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza ocurrida en septiembre de 2001. Estas personas quedaron privadas de libertad en régimen de prisión preventiva, aplicándoseles la figura del arraigo, vigente a la época de los hechos.