fue trasladada al Estado para su conocimiento. Finalmente el Estado envió información adicional el 6 de mayo de 2014 que fue enviada a los peticionarios para su conocimiento. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 8. Los peticionarios señalan que Pedro Julio Movilla Galarcio fue miembro de la junta directiva del sindicato del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, miembro del Comité Obrero Popular en el departamento de Córdoba y militante del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista. Indican que tras haber recibido diversas amenazas y hostigamientos por parte del Ejército, la policía nacional y la Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN), el señor Movilla se habría visto forzado a trasladarse con su familia primero a Medellín y luego a Bogotá. Al respecto, la esposa del señor Movilla habría declarado que su esposo y su familia estarían siendo seguidos por organismos de la seguridad del Estado y que habrían sido víctimas de amenazas y hostigamientos debido a la actividad que su esposo desarrollaba como líder sindical y activista de izquierda. 9. Los hechos de la presente petición habrían ocurrido el 13 de mayo de 1993, luego de que el señor Movilla dejara a su hija a las 8:00 am en la escuela John F. Kennedy ubicada en la Carrera 68 con Avenida primero de mayo en la ciudad de Bogotá. La presunta víctima se habría comprometido a buscar a su hija a las 11:00 am, desde ese momento se desconocería el paradero del señor Movilla. Alegan que ese día desde tempranas horas, padres de otros alumnos y profesores habrían notado la presencia de tres motos cuyos conductores estarían armados con ametralladoras. 10. Señalan por otra parte que ese mismo día en los alrededores del colegio, aproximadamente a las 9:00 am, habría ocurrido la presunta detención del señor Pedro Julián Pabón Díaz por parte de agentes de la policía nacional tras haber realizado disparos al aire en estado de embriaguez. 11. Aducen que este hecho simultáneo genera alrededor del presente caso una serie de vacíos fácticos que no habrían sido aclarados ni desvirtuados por el Estado en relación a la desaparición forzada del señor Movilla, ya que habría ocurrido una detención en el mismo lugar a la misma hora de personas con nombres similares y que portaban ropa del mismo color. 12. Por otro lado, señalan que se habría determinado que el señor Pabón Díaz trabajaría como informante de la DIJIN y que el arma que presuntamente portaba el día de su detención pertenecería a un funcionario de la policía. Los peticionarios indican que hasta la fecha el Estado no habría tomado declaración al señor Pabón Díaz con el fin de aclarar su presunta detención ocurrida el mismo día que la desaparición del señor Movilla, así como su supuesta pertenencia a la red de informantes de la DIJIN, y los motivos por los que portaría un arma que pertenecería a un miembro activo de la policía nacional. 13. Afirman que para la fecha de los hechos el señor Movilla habría sido objeto de seguimientos por parte del servicio de inteligencia militar, Brigada XIII del ejército nacional, quienes lo habrían identificado como miembro disidente del Ejército Popular de Liberación. En cuanto a este hecho consideran que existiría una falta de claridad en las investigaciones sobre los motivos por los que el ejército colombiano realizaba actividades de inteligencia en relación a la presunta víctima, ya que a pesar del reporte existente sobre presuntas actividades de inteligencia, únicamente se habría aportado al proceso penal un documento con información parcial y en clave militar. 14. Con respecto a las investigaciones penales adelantadas los peticionarios consideran que las diligencias practicadas habrían estado orientadas a establecer que Pedro Movilla era miembro del Ejército Popular de Liberación con el fin de señalarlo como guerrillero. Alegan además que habrían excedido el plazo razonable, al haber transcurrido más de veinte años desde la desaparición de la presunta víctima. Señalan que a pesar de que existirían elementos probatorios que conducirían a la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública y de por lo menos un particular que habría participado con aquiescencia o complicidad de los agentes del Estado, las investigaciones aún se encontrarían en etapa de investigación previa o habrían sido 2

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