_____________________________________________________________________________________ En relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Comisión dividió su análisis en tres apartados: (i) la investigación dirigida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 (“Juzgado Federal Nro. 9”) desde los años 1994 a 2005; (ii) la investigación encabezaba por la Unidad Fiscal de Investigación al Atentado a la AMIA (UFI AMIA) desde 2005 a la actualidad; y (iii) los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado. Respecto al proceso llevado a cabo por el Juzgado Federal Nro. 9, con base en la prueba disponible la Comisión concluyó que los órganos estatales a cargo de la investigación cometieron graves irregularidades. Al respecto, la CIDH notó, la deficiente preservación de la escena del crimen y la interrupción irracional de determinadas líneas lógicas de investigación. Asimismo, el desembolso por parte de las autoridades judiciales y de inteligencia de una importante suma de dinero proveniente de los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia al entonces único imputado en la causa con el fin de incorporar información a la causa y de esa manera construir una hipótesis acusatoria sin sustento. La Comisión consideró que la conducta de las autoridades a cargo de la investigación - especialmente en las diligencias iniciales y aquellas a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro.9 - en vez de impulsar seriamente la investigación y la sanción de los responsables, terminó por incurrir en serias falencias, irregularidades y en el desvío deliberado de la investigación por más de 8 años. La prosecución de una hipótesis acusatoria fabricada por funcionarios estatales solo fue posible a partir de una actuación carente de imparcialidad por parte del juez a cargo de la instrucción y se convirtió en un factor que ocasionó que no se investigaran las verdaderas causas del atentado y todas las responsabilidades involucradas. La Comisión concluyó que estas conductas y omisiones representan actos de encubrimiento deliberado y constituyen la principal razón por la cual el atentado permanece impune a la fecha. En relación con la investigación encabezaba por la UFI AMIA, la Comisión notó que el Estado ha adoptado algunas medidas relevantes para encausar la pesquisa y subsanar las múltiples afectaciones acontecidas durante el tiempo en que la investigación estuvo encabezada por el Juzgado en lo Criminal Federal No. 9. En este sentido, la UFI AMIA desde el año 2015 ha realizado una actividad probatoria que posibilitó revelar aún mayores falencias que ocurrieron durante la recolección e identificación de material probatorio esencial en las diligencias iniciales. Sin embargo, tales diligencias fueron precedidas de amplios períodos de demora, sin que se hubiere ofrecido una justificación al respecto. Además, el Estado no demostró que, de conformidad con el principio de debida diligencia, se hubiesen investigado y practicado en forma exhaustiva todas las diligencias requeridas. Entre las deficiencias identificadas, se encuentran: la ausencia de una debida conservación y adecuada gestión de material orgánico de suma relevancia para la investigación; la demora en la realización de peritajes sobre dicho material; la omisión en la realización de peritajes cruciales para confirmar o desmentir elementos cruciales de la hipótesis acusatoria sostenida por el Ministerio Público ; y la emisión de dos dictámenes fiscales de acusación basados de manera preponderante en información provista por supuestas fuentes de inteligencia humana, la cual no fue incorporada al proceso judicial conforme las reglas de la prueba testimonial y cuya identidad no pudo ser corroborada por los magistrados judiciales actuantes ni por los querellantes, las víctimas y sus familiares. Respecto a los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado, la Comisión destacó que, a más de veinte años de iniciado el procedimiento judicial por las irregularidades cometidas durante la investigación realizada por el Juzgado Federal Nro. 9, aun no se ha dictado sentencia definitiva. La Comisión concluyó que existe una demora irrazonable en la investigación de los hechos relacionados con el atentado a la AMIA, así como también respecto a los procesos por el encubrimiento, todo lo cual ha afectado el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y ha tenido un especial impacto en los familiares de las víctimas. 2

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