2

estos últimos “sabían de antemano que un acto de esta naturaleza conllevaba los riesgos propios de un
acto ilícito”. En relación con la competencia del fuero militar, el Estado señaló que los hechos fueron
juzgados en el fuero militar por las siguientes razones: (i) los acusados eran oficiales en actividad; (ii)
actuaron en cumplimiento de las funciones asignadas en una operación militar; (iii) el bien jurídico
tutelado es “la disciplina y protección de la vida, fin supremo del Estado”; (iv) los hechos estaban
tipificados en el código de Justicia Militar y fueron producto de un enfrentamiento entre comandos y una
agrupación terrorista; y (v) actuaron en una zona declarada en “estado de emergencia”. Por otro lado, el
Estado manifestó que la prueba debe ser examinada en un proceso judicial interno. En relación con el
proceso penal llevado a cabo en el fuero común, manifestó que se está llevando a cabo de acuerdo con
los lineamientos procesales establecidos en la legislación vigente.
5.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el
Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la vida, garantías judiciales y
protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8, 25 y 2 de la Convención Americana, en relación
con la obligación establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Eduardo Nicolás
Cruz Sánchez y Herma Luz Meléndez Cueva.
II.

TRÁMITE ANTE LA CIDH

6.
El 3 de febrero de 2003, APRODEH, Edgar Cruz Acuña y Herma Luz Cueva Torres
presentaron la petición inicial. El trámite desde la presentación de la petición hasta la decisión sobre
admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad emitido el 27 de febrero de
2
2004 .
7.
El 11 de marzo de 2004 la Comisión notificó a las partes el referido informe y en virtud
del artículo 38.1 del Reglamento entonces vigente, fijó un plazo de dos meses para que los peticionarios
presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo, y con base en el artículo 38.2 del Reglamento
se puso a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa.
8.
El 1º de junio de 2004 los peticionarios presentaron sus observaciones sobre el fondo, el
cual fue transmitido por la CIDH al Estado el 17 de junio de 2004 y se le solicitó que presentara sus
observaciones en el plazo de dos meses. El Estado no presentó sus observaciones.
9.
El 25 de octubre de 2004 los peticionarios informaron que los señores Vladimiro
Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra, procesados en el fuero
común en relación con los presuntos hechos, habían sido liberados por no haberse emitido sentencia en
el plazo previsto por la legislación.
10.
El 4 de enero de 2005 los peticionarios solicitaron asistir a una audiencia en relación con
el presente caso. El 28 de enero de 2005 la Comisión notificó a las partes sobre la celebración de dicha
audiencia. Ese mismo día los peticionarios acreditaron como copeticionario a CEJIL. El 28 de febrero de
2005, durante el 122º periodo de sesiones, se celebró una audiencia pública en el presente caso a la
cual asistieron los peticionarios y el Estado, y en la cual rindió su testimonio el señor Hidetaka Ogura.
11.
El 23 de abril de 2008 los peticionarios presentaron un escrito adicional sobre el fondo. El
23 de mayo de 2008 la CIDH transmitió el escrito al Estado y le solicitó que presentara sus
observaciones en el plazo de un mes. El 25 de junio de 2008 el Estado solicitó una prórroga al respecto,
la cual fue concedida el 27 de junio del mismo año por el plazo de un mes. El 5 de agosto de 2008 el
Estado presentó sus observaciones. El 2 de septiembre de 2008 la CIDH transmitió dicho escrito a los
peticionarios y les solicitó que presentaran sus respectivas observaciones en el plazo de un mes.
12.
El 8 de octubre de 2008 los peticionarios remitieron sus observaciones al escrito estatal.
El 27 de octubre de 2008 la CIDH las transmitió al Estado y le solicitó que, en el plazo de un mes,
2
CIDH, Informe No. 13/04 (admisibilidad), Petición 136/03, EDUARDO NICOLÁS CRUZ SÁNCHEZ Y OTROS, 27 de
febrero de 2004.

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