INFORME Nº 71/02 ADMISIBILIDAD PETICIÓN 12.360 SANTANDER TRISTÁN DONOSO PANAMÁ 24 de octubre de 2002 I. RESUMEN 1. El Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante los "peticionarios"), presentaron una petición el 5 de julio de 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión" o la "CIDH") contra la República de Panamá (en adelante el "Estado" o “Panamá"), en la cual alegan la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso (en adelante “Tristán Donoso”): a la honra y la dignidad (artículo 11(2)); a la libertad de expresión y de pensamiento (artículo 13), así como a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25); todos ellos en conexión con los deberes genéricos del Estado de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención (artículo 1(1)) y de adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades previstos en dicho tratado (artículo 2). 2. Los peticionarios alegaron que la interferencia del teléfono y la grabación de una conversación telefónica entre el abogado Santander Tristán Donoso con su cliente, y la posterior divulgación de su contenido por el Procurador General de la Nación, señor José Antonio Sossa Rodríguez (en adelante “Procurador General”), constituyen una indebida intromisión a su vida privada y a la confidencialidad y libertad en el ejercicio de la profesión de abogado. En una conferencia de prensa el señor Tristán Donoso denunció públicamente estos hechos y presentó denuncia contra el Procurador General. La Corte Suprema de Justicia (en adelante "Corte Suprema") confirmó el sobreseimiento definitivo del Procurador General y las investigaciones realizadas no han encontrado a los responsables de haber ordenado o efectuado los hechos mencionados. 3. Los peticionarios también alegan que con motivo de la conferencia de prensa, el Procurador General presentó una querella en contra del señor Tristán Donoso por los delitos de calumnia e injuria, cuyo proceso limita su libertad de expresión. Agregan que el señor Tristán Donoso pidió se declare la inconstitucionalidad de esos delitos por medio de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, el cual fue rechazado, lo que permite que el proceso siga su trámite; consideran entonces que Panamá no ha adoptado todas las medidas necesarias para adecuar su legislación y prácticas nacionales a la Convención, dado que el proceso iniciado contra Tristán Donoso y la posibilidad real de una sanción de prisión por el delito de calumnias e injurias constituye una forma desproporcionada de restricción a la libertad de expresión al imponer un riesgo desmedido a todo aquel que, en el ejercicio de su libertad de expresión, critica o señala un posible abuso del poder por parte de funcionarios del Estado, información ésta de extrema importancia para la sociedad en general. 4. El Estado solicitó que se declararan inadmisibles los alegatos de los peticionarios relacionados con las presuntas violaciones de los derechos a la vida privada, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Con relación al derecho a la vida privada, alegó que la petición no tiene ningún fundamento y que sólo se basa en consideraciones personales por cuanto no obtuvieron el resultado que esperaban. Agrega que en el transcurso de la investigación se determinó que no se había intervenido ninguna conversación telefónica y que las pruebas habían sido debidamente tratadas y valoradas por las autoridades judiciales. Por otra parte, con relación a la presunta violación de la libertad de expresión, considera que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna ya que entiende que debe agotarse el juicio penal por calumnias e injurias que actualmente continúa en la fase plenaria. Con relación a la demanda de inconstitucionalidad de las normas del Código Penal, el Estado alegó que la Corte Suprema la declaró inadmisible en virtud de que el mismo asunto ya había sido decidido con anterioridad. 5. Al analizar el presente caso, la CIDH concluyó que es competente para conocerlo y declaró que la petición llena los requisitos de admisibilidad con relación a los derechos a la protección 1

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