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varias ocasiones. En la actualidad, su estado de salud se ha agravado, y continúa padeciendo de
síntomas severos, que la afectan de forma permanente.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre
de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
La Comisión ha designado a la Comisionada Dinah Shelton y al Secretario Ejecutivo de la
CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria
Ejecutiva Adjunta, Tatiana Gos y Karin Mansel, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH,
actuarán como asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del Informe 75/11 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así
como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los
anexos utilizados en la elaboración del Informe 75/11 (Anexos). Dicho informe de fondo fue
remitido al Estado ecuatoriano el 26 de julio de 2011, solicitándole que en un plazo de dos meses
informara a la Comisión sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las
recomendaciones.
Mediante comunicación de 15 de septiembre de 2011, el Estado de Ecuador presentó un
escrito sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, mediante el cual informó
que los días 9, 23 y 30 de agosto de 2011 se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre las
partes, en la ciudad de Guayaquil. De dichas reuniones se arribó a la firma de un acuerdo de
cumplimiento entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la señora Melba del
Carmen Suárez Peralta, en el que se establece el cronograma de cumplimiento de las medidas de
reparación recomendadas por la Comisión1. El Estado solicitó a la Comisión la homologación de
dicho acuerdo.
El 10 de octubre de 2011, la Comisión recibió una comunicación del Estado mediante la
que se solicitó un plazo adicional de tres meses a fin de informar sobre los avances logrados en el
cumplimiento de las recomendaciones del Informe No. 75/11 e interpretó que, de otorgarse la
1

El acuerdo de cumplimiento establece que su objeto es cumplir con las recomendaciones ordenadas por la
CIDH en el Informe No. 75/11, para lo cual se acordará un cronograma de ejecución de las medidas de reparación
respecto de cada una de las cinco recomendaciones. El acuerdo establece los siguientes compromisos:
1.
El Ministerio de Justicia se compromete a poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y
del Consejo de la Judicatura los hechos y el Informe, en octubre de 2011, a fin de que se proceda a la
investigación y respectiva sanción penal y administrativa a los operadores de justicia por cuya conducta
haya resultado en la demora excesiva en la tramitación del proceso penal y consecuente falta de
acceso a la justicia.
2.
En noviembre de 2011, el Estado pagará una indemnización por concepto de procuración judicial, daño
material y daño moral a las víctimas, a saber USD 250,000 a Melba del Carmen Peralta, USD 30,000 a
Melba Peralta Mendoza y USD 20,000 por concepto de atención médica. Asimismo, en noviembre de
2011, se colocará una placa de disculpas públicas en el Edificio de la Corte provincial de Justicia de
Guayaquil y se publicará una parte del texto de la recomendación en el diario El Universo de
Guayaquil.
3.
En noviembre de 2011, el Estado pagará el monto de USD 20,000 por concepto de atención médica en
vista de que las víctimas manifestaron que no aceptarían atención médica en hospitales públicos.
4.
El Estado dictará y reformará normas dirigidas a los profesionales de la salud, que deberán reunir los
estándares nacionales e internacionales en la materia, resaltando y dando plena vigencia a los
derechos de los pacientes. Asimismo, se compromete a presentar un proyecto normativo ante la
Asamblea Nacional, en octubre de 2012, en el que se incluyan las reformas pertinentes sobre mala
práctica médica y derechos de los pacientes.
5.
El Estado realizará capacitaciones a profesionales de la salud sobre los derechos de los
pacientes tanto en el ámbito público como privado de manera planificada y sostenible.

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