volvieran a los autobuses, pero estos no obedecieron porque querían saber qué ocurría con los ocupantes de la
segunda caravana. En consecuencia, según la parte peticionaria, los agentes de policía comenzaron a disparar
en dirección a los trabajadores. La parte peticionaria informa que, cuando Antonio Tavares fue herido, la policía
no lo auxilió ni socorrió a las demás víctimas que resultaron heridas. Según los cálculos de la parte peticionaria,
185 trabajadores resultaron heridos.
6.
La parte peticionaria destaca que, según las declaraciones de los trabajadores, la agresión policial fue
innecesaria, ya que su finalidad no era dispersar a la multitud, sino que los agentes de policía dispararon
directamente a las personas y antes de cualquier tipo de negociación. Afirma que el resultado —un muerto y
numerosos heridos— se debió al uso excesivo de la fuerza y de las armas, que fue desproporcionado frente a
trabajadores que portaban solo sus herramientas de trabajo, mismas que ya habían sido incautadas por la
policía. Recalca que el Estado, al tomar conocimiento de que iba a haber una manifestación, organizó y planeó
una acción, siguiendo el modelo de una operación de guerra, asumiendo el riesgo de un resultado gravísimo.
7.
Argumenta que la justificación dada por la policía de que estaba obedeciendo una orden judicial no es
legítima porque la orden de interdicción prohibitoria, con base en la cual la policía bloqueó la carretera y
ordenó el retorno de la caravana, prohibía solamente la ocupación de los predios públicos y no la manifestación
ni la entrada de los trabajadores en la ciudad de Curitiba. Subraya que, en la orden judicial, incluso se advertía
al Comandante General de la Policía Militar que el órgano policial no podía impedir la manifestación pacífica.
8.
Señala que los hechos no fueron debidamente investigados y sancionados. En ese sentido, alega que no
se responsabilizó a ninguno de los involucrados en los hechos. Recalca que, en lo que se refiere a las lesiones
de los trabajadores sin tierra, ni siquiera se les mencionó en la investigación realizada por la policía militar,
contrariamente a la forma en que se procedió con respecto a los daños y las lesiones que los agentes de policía
alegan haber sufrido. Destaca que todo el proceso se caracterizó por una evidente parcialidad de las
autoridades militares a cargo de la investigación, del Ministerio Público Militar y del juez militar, los cuales, en
vez de averiguar la verdad de los hechos, trataron de encontrar elementos que pudieran exculpar a los agentes
de la policía militar involucrados y poner de relieve la conducta supuestamente delictiva de las presuntas
víctimas y del MST.
9.
En lo que concierne a la actuación del Fiscal, la parte peticionaria afirma que su pedido de archivar el
caso fue viciado por prejuicios sobre el MST, lo cual revela una clara parcialidad contra el Movimiento que
influyó en la manera en que analizó las investigaciones. Con respecto a la aprobación del pedido de archivo,
aduce que el magistrado emitió una decisión protocolar infundada y que ni siquiera analizó los autos, ya que
era imposible estudiar en un día, los cinco tomos de la investigación realizada por la policía militar. Agrega que
el formato de la resolución carecía de los elementos fundamentales que son: informe, fundamentación y
decisión. En consecuencia, la parte peticionaria concluye que la jurisdicción militar no ofrece un recurso judicial
efectivo e imparcial en casos de violaciones de los derechos.
10. La parte peticionaria aduce que los delitos dolosos contra la vida de civiles son de competencia del
tribunal de jurados y no de la justicia militar, y que el sobreseimiento de la acción penal común, que imposibilitó
el juzgamiento del agente de policía acusado de homicidio, se debió a una interpretación errónea del Tribunal
de Justicia del Estado de São Paulo, el cual consideró que el delito correspondía al fuero militar, cuando en
realidad se trataba de un delito común.
11. Indica que, en cuanto a la acción civil interpuesta por los familiares de Antonio Tavares, en 2013 se emitió
una decisión judicial provisional de acuerdo con la cual se inició el pago provisional de la pensión asignada a
los familiares hasta que se emitiera una decisión definitiva en el proceso. En noviembre de 2013, el estado de
Paraná inició los pagos, quedando pendientes las cuotas atrasadas y los importes correspondientes a los daños
morales. Agrega que, para febrero de 2015 todavía se encontraba pendiente un recurso presentado por el
estado de Paraná, contra la condena al pago de indemnización a la familia.
12. Alega asimismo que el estado de Paraná se caracteriza por una gran concentración de la propiedad de
las tierras rurales en unos pocos latifundistas, que poseen 65% de las tierras disponibles. Esa sería la causa de
los altos índices de violencia contra los trabajadores rurales sin tierra que luchan por la reforma agraria.

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