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conciencia y religión y a la propiedad privada, en relación con la obligación de
respetar los derechos, todos estos consagrados en los artículos 5, 8, 25, 24, 12, 21 y
1[.]1 de la Convención Americana”. En la demanda la Comisión alegó la “denegación
de justicia y otros actos de intimidación y discriminación [… realizadas en perjuicio]
de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas […],
en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez,
Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, ejecutada por miembros del
Ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo tutela del ejército, el día domingo
18 de julio de 1982”. Asimismo, la Comisión señaló en su demanda que la masacre
se encuentra en la impunidad, y que supuestamente el Estado no ha realizado una
investigación seria y efectiva para establecer los hechos, juzgar y sancionar a los
responsables materiales e intelectuales de los hechos denunciados, ni ha reparado
las consecuencias. Según la Comisión, la masacre fue perpetrada “en el marco de
una política genocida del Estado guatemalteco realizada con la intención de destruir,
total o parcialmente, al pueblo indígena maya”.
3.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara
determinadas reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Por último, la Comisión
solicitó que la Corte Interamericana ordenara al Estado el pago de las costas y
gastos originados en la tramitación del caso a nivel nacional y a nivel internacional,
ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

II
COMPETENCIA

4.
Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo
de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
Por tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos
del artículo 62 de la Convención.

III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

5.
El 25 de octubre de 1996 el Centro para la Acción Legal en Derechos
Humanos presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 1 de julio de
1997 la Comisión abrió el caso No. 11.763 y transmitió las partes pertinentes de la
denuncia al Estado.
6.
El 11 de marzo de 1999 la Comisión Interamericana, durante su 102º Período
Ordinario de Sesiones, aprobó el Informe No. 31/99 sobre la admisibilidad del caso.

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