2 artículo 50 de la Convención, en el cual hizo ciertas recomendaciones al Estado2. Considerando que el Estado no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte el 29 de octubre de 2008, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 del Reglamento de la Comisión. La Comisión designó como Delegados al señor Paolo Sergio Pinheiro, Comisionado, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión, y como asesores legales a la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión, y a Mario López-Garelli, Ismene Zarifis y Manuela Cuvi Rodríguez. 2. En la demanda, la Comisión solicitó que la Corte declare que Barbados es responsable de imponer la pena de muerte obligatoria al señor Tyrone DaCosta Cadogan “sin consideración alguna de las circunstancias específicas del delito ni de factores atenuantes”. La Comisión alegó que “[e]l 18 de mayo de 2005 la Corte Suprema de Barbados declaró al señor Tyrone DaCosta Cadogan culpable de homicidio y lo condenó a pena de muerte por horca, según la Ley de Delitos contra la Persona de 1994 de Barbados, la cual establecía la pena de muerte como castigo obligatorio para el delito de homicidio. Los tribunales nacionales no pueden declarar inválida la pena de muerte obligatoria, como consecuencia de una cláusula de ‘exclusión’ en la Constitución de Barbados, aun cuando esta [ley] viole los derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Barbados y la Convención Americana”. Por consiguiente, la Comisión solicitó que la Corte declare al Estado responsable por las violaciones de los artículos 4.1 y 4.2 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) del mismo tratado, en perjuicio del señor Cadogan. Asimismo, la Comisión solicitó que la Corte ordene las reparaciones correspondientes. 3. El 16 de enero de 2009 los representantes de la presunta víctima, Saul Lehrfreund M.B.E., Parvais Jabbar, Alair Shepherd Q.C., Douglas Mendes S.C., Tariq Khan, Ruth Brander y Alison Gerry (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “el escrito de los representantes”), conforme al artículo 24 del Reglamento. Los representantes solicitaron que la Corte declare las violaciones de los mismos derechos señalados por la Comisión, y adicionalmente alegaron que la omisión del Estado en llevar a cabo una evaluación psiquiátrica detallada a la presunta víctima para efectos del juicio, violó su derecho a un juicio justo según el artículo 8 de la Convención y constituyó, asimismo, un trato cruel e inhumano, contrario a lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de dicho instrumento. Además, los representantes solicitaron la adopción de medidas adicionales de reparación y el reembolso de los gastos generados durante el procedimiento del caso ante la Corte. 4. El 17 de marzo de 2009 el Estado, representado por el Hon. Freundel J. Stuart, Q.C., M.P. y el señor David S. Berry, como Agente y Agente Alterno respectivamente, presentó su escrito de contestación a la demanda y las observaciones al escrito de los representantes (en adelante “contestación a la demanda”), en el que planteó las siguientes tres excepciones preliminares a la jurisdicción de la Corte: i) falta de agotamiento de los recursos internos, ii) incumplimiento de la regla de la cuarta instancia y iii) que la denuncia ya no involucraba a la Comisión como parte. El Estado alegó que algunos de los asuntos relacionados con el presente caso son idénticos a los que este Tribunal ya analizó en el caso Boyce y otros, por lo que solicitó que el Tribunal tomara nota de que el Estado ya había adoptado determinadas medidas para cumplir con lo ordenado por el Tribunal en aquella Sentencia. Al mismo tiempo, el Estado solicitó que la Corte rechazara todas las pretensiones y solicitudes de los peticionarios y de la Comisión y que declarara que las leyes de Barbados son acordes con la Convención 2 En el informe, la Comisión concluyó que el Estado “al imponer la pena de muerta obligatoria contra la [presunta] víctima en este caso, violó [sus] derechos según los artículos 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2 y 8 de la Convención[,] en conexión con los artículos 1.1 y 2 [de la misma]”.

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