A. Solicitud de medidas provisionales presentada por las representantes 3. En su escrito de 10 de mayo de 2021, las representantes solicitaron la adopción de medidas provisionales en favor de “los familiares de las 27 víctimas asesinadas durante una operación policial ocurrida el 6 de mayo de 2021 [en la Favela de Jacarezinho en Río de Janeiro,] a fin de evitar que se produzcan daños irreparables a sus derechos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales”, debido a que “las investigaciones de lo ocurrido están siendo realizadas por la misma fuerza policial involucrada en los hechos, en abierta inobservancia a las disposiciones de esta […] Corte en la sentencia d[e este] caso”. En particular, solicitaron a la Corte que ordene las siguientes “medidas de protección”: 1) Que se garantice una investigación independiente, rápida, transparente e imparcial, conducida por un órgano independiente, ajeno a las fuerzas de seguridad e instituciones públicas responsables del operativo, de conformidad con el punto resolutivo 16 del caso Favela Nova Brasília vs. Brasil; 2) Que se ordene la realización de peritajes por un órgano independiente, que garantice la imparcialidad y transparencia en la investigación de los asesinatos, observándose lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota; 3) Que garantice que los testigos puedan realizar sus declaraciones de forma segura y sin sufrir ningún tipo de amenaza o represalia. 4. Las representantes fundamentaron su solicitud de medidas provisionales en un contexto y en hechos de riesgo específicos. Respecto al “contexto”, señalaron, entre otros aspectos, lo siguiente: (i) Con posterioridad a la Sentencia de febrero de 2017, Brasil y, específicamente, Río de Janeiro, han tenido un aumento significativo y constante en la violencia policial 6. Según el Instituto de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2021 murieron 453 personas en el marco de intervenciones de agentes estatales, “el número más alto de la serie histórica”. (ii) El 5 de junio de 2020, ante el contexto de agravamiento de la pandemia de COVID-19 en Brasil, un Ministro del Supremo Tribunal Federal emitió una medida cautelar en el marco de la Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 635, prohibiendo la realización de operaciones policiales en comunidades de Río de Janeiro “excepto en hipótesis absolutamente excepcionales”, lo cual tuvo un efecto inicial de reducir las muertes por letalidad policial. Sin embargo, luego se retomaron las operaciones, incumpliendo dicha decisión, de modo que en octubre de 2020 ya se presentaba un aumento del 100% en el número de operaciones con relación a septiembre de 2019. (iii) La impunidad ha sido la regla para los casos de violencia policial. En Río de Janeiro, 98% de los casos de muertes por intervención policial ocurridos entre 2010 y 2015 fueron archivados. (iv) Brasil aún no ha dado cumplimiento a la garantía de no repetición ordenada en el punto resolutivo décimo sexto de la Sentencia. Si bien el ordenamiento interno establece la supervisión de las fuerzas policiales por el Ministerio Público y también la posibilidad de que éste realice investigaciones autónomas, no hay normativa que garantice la obligatoriedad de que las investigaciones de casos de muertes por intervenciones policiales sean realizadas por dicho órgano. El Ministerio Público tampoco cuenta con la estructura técnica y criminalística necesaria para la investigación de crímenes de forma independiente de la actuación de la policía. Los Las representantes refirieron que el promedio mensual de muertes por intervenciones de agentes estatales fue de 54 víctimas en 2015, 77 en 2016, 94 en 2017, 128 en 2018 y 156 en 2019. 6 -3-

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