peritos están subordinados a agentes estatales de la Policía Civil o de las Secretarías
de Seguridad Pública, lo que facilita injerencias en la producción de pruebas. El
Ministerio Público de Río de Janeiro había creado en 2015 el Grupo de Actuación
Especializado en Seguridad Pública (GAESP) con el objetivo de investigar casos
notorios de lesiones corporales y homicidios por intervención policial. Sin embargo,
éste fue suprimido en marzo de 2021.
5.
Respecto a los “hechos de riesgo que justifican la adopción de las medidas
provisionales”, las representantes informaron que el 6 de mayo de 2021 se ejecutó en la
Favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, “la operación policial más letal de la historia del
Estado, resultando en 28 muertes” (27 civiles y un policía), en la cual participaron alrededor
de 200 policías civiles. La operación estaba destinada al cumplimiento de 21 órdenes de
captura, y fue desarrollada durante la vigencia de la medida cautelar que determinó la
suspensión de operaciones policiales en favelas durante la pandemia (supra Considerando
4.ii). Agregaron que existen “fuertes indicios de que varias personas fueron ejecutadas y que
hubo manipulación de los cuerpos y alteración de la escena del crimen”, y que la Policía Civil,
quien llevó a cabo el operativo, fue la misma instancia que practicó las primeras pruebas
periciales en el lugar e incluso está recibiendo testimonios. Indicaron que, si bien el Ministerio
Público realizó algunas diligencias en el ámbito de la investigación, la Policía Civil sigue
realizando actuaciones, tales como la aprensión de armas para exámenes de balística y la
toma de testimonios.
6.
Argumentaron que la solicitud cumple con el requisito del artículo 27.3 del Reglamento
de la Corte, debido a que los hechos del 6 de mayo de 2021 “tienen una estrecha relación con
este caso” en tanto “los factores de riesgo referidos en la […] solicitud surgen precisamente
a partir del incumplimiento del punto resolutivo 16 de la sentencia del caso Favela Nova
Brasilia”. Indicaron que “la ausencia de un organismo independiente para realizar las
investigaciones de las muertes resultantes de la intervención policial en las favelas de Río de
Janeiro, asistido por personal policial, criminal y técnico ajeno al cuerpo de seguridad al que
pertenece el posible imputado, permite que siga existiendo el problema”. Además, hicieron
notar que los hechos objeto de la presente solicitud “ocurrieron en una favela de la ciudad de
Río de Janeiro, tal como en los hechos de este caso”.
7.
Con respecto a los requisitos necesarios para la adopción de medidas provisionales,
indicaron lo siguiente:
(i) fundamentaron la extrema gravedad en “la situación de impunidad estructural,
generada por la falta de independencia e imparcialidad de las investigaciones, en la
medida en que son realizadas por el mismo organismo que podría ser responsable de
graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas de violencia
letal en la favela de Jacarezinho”, aunado a “las declaraciones de altos funcionarios
tendientes a eximir de responsabilidad a la policía al afirmar que las personas que
murieron eran delincuentes”. Consideran que ello se da “en el contexto de
incumplimiento del Estado con la obligación ordenada por esta Corte”. Añadieron que
las seis personas detenidas durante el operativo podrían sufrir coacción debido a que
algunas de ellas declararon que fueron obligadas a cargar los cadáveres en los
vehículos utilizados por la policía, que la policía alteró la escena del crimen, y que
sufrieron agresiones cuando fueron detenidos. Esto además podría afectar la
participación de otros testigos;
(ii) respecto al carácter urgente, hicieron notar que, dado que “se están llevando a cabo
diligencias parciales de investigación, realizadas por el mismo organismo que perpetró
los probables abusos”, existe una “necesidad urgente de separar estas instancias de
las investigaciones y garantizar que estos procedimientos sean llevados a cabo por
expertos independientes e imparciales”, y

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