5. El 23 de marzo de 2005 la Comisión recibió una denuncia fechada el 25 de febrero de 2005, presentada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y le asignó el número 321-05. El 12 de mayo de 2005 transmitió las partes pertinentes al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta del Estado fue recibida el 7 de marzo de 2006. 6. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 31 de mayo de 2005, 16 de abril de 2006, 9 de agosto de 2006, 2 de noviembre de 2006, 18 de febrero de 2008, 3 de julio de 2008 y 2 de marzo de 2009 y el 15 de julio de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. 7. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones del Estado en las siguientes fechas: 12 de junio de 2006, 26 de septiembre de 2006, 10 de enero de 2007, 24 de noviembre de 2008, 29 de mayo de 2009 y el 14 de octubre de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Los peticionarios 8. Alegan los peticionarios que la señora María Inés Chinchilla, condenada a cumplir treinta años de prisión por el delito de homicidio, falleció el 25 de mayo de 2004 mientras se encontraba cumpliendo la pena en el Centro de Orientación Femenino. 9. De acuerdo a los peticionarios la muerte de la presunta víctima habría tenido lugar como consecuencia de dos causas interrelacionadas. Porque la presunta víctima padecía diabetes mellitus e hipertensión arterial, cuyo estado se habría agravado progresivamente por falta de atención médica adecuada durante su permanencia en prisión y por la negligencia del personal del establecimiento penal el 25 de mayo de 2004 tras su caída y fallecimiento posterior. 10.Concretamente, en lo relativo a la atención médica que se le dispensaba a la presunta víctima, indican que el centro penitenciario no contaba con la medicación, atención y alimentación apropiada para su tratamiento. Especifican que para las citas médicas fijadas en hospitales externos, se requería realizar procedimientos extensos y burocráticos que debían ser autorizados por el juez. Señalan que ello, sumado al hecho de que en ciertas ocasiones el sistema penitenciario no contaba con suficiente personal de guardia para el traslado al hospital, o la Policía Nacional Civil no podía brindar agentes para su custodia o no contaba con combustible para el vehículo, llevó a que la presunta víctima perdiera en diversas oportunidades sus citas médicas. 11.En cuanto a la alimentación, sostienen que el Estado tiene la obligación de suministrar los alimentos adecuados y las dietas establecidas para cada caso y la alimentación debe ser controlada por el personal del sistema penitenciario de conformidad a los requerimientos mínimos establecidos a nivel internacional y nacional. En consecuencia, al manifestar el Estado que la señora Chinchilla no respetaba la dieta, ingiriendo azúcares y otros alimentos no adecuados, evidencia el no cumplimiento de sus obligaciones de control y cuidado de las personas. 12.Sostienen que el agravamiento de su estado físico, consecuencia de la mala atención médica brindada en el centro penitenciario, habría derivado en problemas de tumoraciones; en varias ocasiones en comas diabéticos; en desbridamientos de sus pies; retinopatía, y en agosto de 2002, en la amputación supracondílea de su pierna derecha. Indican asimismo, que a raíz de su diabetes, habría desarrollado una infección en el muñón por lo cuál había quedado sin movilidad, lo que la habría obligado a utilizar una silla de ruedas. Los peticionarios alegan 2

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