respectivos procesos de discusión en el Congreso de la República, para cuya aprobación deben cumplir con los procedimientos previstos en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Entre 2021 y 2023, el Estado alegó que “[las] pretensiones de los representantes de las víctimas no respetan la naturaleza subsidiaria del [Sistema Interamericano, …] teniendo la oportunidad las autoridades de ejecutar el control de convencionalidad respectivo”. Sostuvo que existen mecanismos jurisdiccionales disponibles, tales como “las acciones constitucionales de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, que permiten realizar un examen y análisis exhaustivo por parte del Tribunal Constitucional de una norma en específico”. 5. En el 2022 sostuvo que las referidas iniciativas de ley “se encuentran en una etapa inicial de estudio y análisis”, y que “no han tenido avances sustanciales en su trámite legislativo”. Respecto a la iniciativa de ley 5920 (recibida en la Dirección Legislativa del Congreso el 7 de junio de 2021), informó que fue presentada ante el Pleno del Congreso el 22 de septiembre de 2021, y que se encontraba pendiente de que las comisiones de trabajo designadas (“Comisión de Gobernación y Comisión de la Defensa Nacional”) rindan sus respectivos dictámenes. 6. En lo que se refiere a la iniciativa de ley 6099 (recibida en la Dirección Legislativa del Congreso el 22 de junio de 2022), la información más reciente sobre su trámite fue proporcionada por el Estado en su escrito de 16 de octubre de 2023. Informó que dicha iniciativa de ley fue recibida en la Dirección Legislativa el 22 de junio de 2022, y el 23 de noviembre de 2022 fue conocida por el Pleno del Congreso de la República, y remitida a la comisión de trabajo designada (“Comisión de Derechos Humanos”) para que rindiera su respectivo dictamen. El 23 de agosto de 2023 la referida Comisión de Derechos Humanos “emitió dictamen favorable, el cual fue recibido en la Dirección Legislativa el 12 de septiembre del presente año”. Asimismo, el Estado comunicó que el 27 de septiembre de 2023 el Pleno del Congreso aprobó remitir a la Corte de Constitucionalidad el “proyecto de decreto de mérito”, para que se sirva estudiarlo, y se recabe su opinión sobre si este violenta principios contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos que haya ratificado o en los que sea parte. El 3 de octubre de 2023, la Presidenta del Congreso remitió el expediente de la referida iniciativa de ley a la Corte de Constitucionalidad para la referida consulta. Al respecto, el Estado expresó que “reitera lo señalado en escritos anteriores, sobre que una iniciativa de ley no representa una amenaza de vulneración de derechos, ya que, en el caso en concreto, aún existen filtros que deben ser superados satisfactoriamente para que la iniciativa aludida se convierta en ley”. B. Solicitud y argumentos presentados por los representantes 7. Los representantes valoraron el “esfuerzo” que realizó el Estado al archivar en definitiva la iniciativa de ley 5377. Sin embargo, solicitaron a la Corte que rechace la solicitud del Estado de declarar el cumplimiento total de los puntos resolutivos segundo y tercero de las Resoluciones de marzo y octubre de 2019 (supra Vistos 2 y 3), y que requiera a Guatemala la “suspensión” y “archivo definitivo” de las iniciativas de ley 5920 y 6099, presentadas a trámite legislativo con posterioridad al archivo de la iniciativa de ley 5377, debido a que tienen el mismo propósito de amnistiar las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado y extinguir la responsabilidad penal por todos los delitos cometidos durante este, y consideran nula toda disposición que la contravenga. Asimismo, solicitaron a la Corte que inste a Guatemala “a abstenerse de dar trámite legislativo a toda iniciativa normativa en materia de amnistía que no cumpla con los estándares fijados en materia de derechos humanos”. Explicaron que, en el mes de junio de 2021 (a menos de dos meses del archivo de la iniciativa de ley 5377), un grupo de diputados presentó el proyecto de iniciativa de ley 5920, y el 22 de junio de 2022 fue presentada al Congreso de 3