A. El Estado 12. En su respuesta, el Estado sostiene que no se agotaron los recursos internos respecto a los hechos denunciados. Con relación a la causa N° 464 por desobediencia de deberes militares, afirma que se encuentra pendiente del fallo del Juez Naval de Magallanes, por lo cual los hechos comprendidos en ella no pueden ser admitidos en la denuncia ante la CIDH. En cuanto a la causa N° 471 por desacato, afirma que la defensa del señor Palamara Iribarne tuvo a su disposición los recursos de inaplicabilidad y los de casación en la forma y en el fondo. Indica que tales recursos tienen la efectividad e idoneidad para remediar la situación denunciada, pero que la representación del señor Palamara Iribarne no los interpuso. En cambio, afirma que el recurso de queja que sí fue interpuesto es de carácter meramente disciplinario y no reúne las características mencionadas. 13. El Estado chileno sostiene, en cuanto al fondo de la denuncia, que no hubo violación del derecho a la libertad de expresión en perjuicio del señor Palamara Iribarne. Alega en tal sentido que el derecho a la libertad de expresión se encuentra limitado por el respeto a los derechos o la reputación de los demás, por lo que argumenta que el señor Palamara Iribarne violó el derecho que tienen las personas al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad.3 14. Alega además el Estado que, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de la Armada de Chile, es necesario contar con autorización previa otorgada por la autoridad naval competente. No obstante que dicha autorización le fue negada, el señor Palamara Iribarne intentó continuar con la publicación de su libro. El Estado chileno afirma que el señor Palamara Iribarne estaba adscrito al sistema de prestación de servicios de la Armada como parte del “personal civil a contrata”, por lo cual tenía el carácter de militar y se encontraba sujeto a la disciplina y al cumplimiento de deberes y obligaciones propios de la institución armada. Destaca el Estado que en la sentencia de 5 de agosto de 1997 que decidió el recurso de casación en el fondo (causa N° 471 por desobediencia de deberes militares), la Corte Suprema de Chile estableció que el señor Palamara Iribarne poseía calidad militar como “empleado a contrata” de la Armada. 15. Afirma el Estado que el señor Palamara Iribarne ejerció su derecho a la defensa, ya que le fue comunicada previa y detalladamente la acusación que se le hizo y fue asistido por un defensor de su elección. En la posición del Estado, ello impide alegar imparcialidad de los tribunales con el argumento de que el proceso careció de publicidad. Destaca además en tal sentido el Estado que la Corte Suprema puede integrar a un miembro militar para conocer de asuntos de dicha jurisdicción, lo cual tampoco constituye una violación a la garantía de igualdad ante la ley. 16. En suma, el Estado sostiene que no se efectuó violación alguna de los derechos humanos del señor Palamara Iribarne y que, de todas maneras, no se agotaron los recursos de la jurisdicción interna. Por todo ello, solicita que la Comisión Interamericana rechace la petición. IV. ANÁLISIS A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión Interamericana 3 El Estado chileno hace referencia al “Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, publicado por la CIDH en el capítulo V de su Informe Anual correspondiente a 1994. En tal sentido, manifiesta el Estado chileno lo siguiente: La autoridad desacatada –el Fiscal Naval de Magallanes- fue injuriada con ocasión del desempeño de sus funciones judiciales y por razón de su cargo, al imputársele por el hechor, una supuesta falsificación y de falta a la verdad en un proceso judicial substanciado ante el mismo. En consecuencia, no son aplicables a este caso los fundamentos y razonamientos jurídicos contemplados en el ya citado Informe de la Comisión, dado que el señor Palamara incurrió en el delito tipificado en el artículo 264 del Código Penal. Comunicación del Estado de 3 de julio de 1996. En la misma comunicación, el Estado sostiene que el desacato previsto en el Código Penal chileno “tiene por objeto la protección de los funcionarios públicos cuando su reputación es gravemente afectada” como en el caso del señor Palamara y sus imputaciones respecto a la Fiscalía Naval. El Estado chileno explica que la situación sería distinta si el señor Palamara “se hubiese limitado a formular apreciaciones críticas…dentro del marco de un debido respeto”. 3

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